Condenan a Mario Uribe a siete años de prisión

Mario Uribe Escobar, además de enfrentarse a la sentencia de la Corte Suprema por concierto para la conformación de grupos paramilitares, deberá atender una investigación penal por delitos de lesa humanidad cometidos por las Autodefensas y pagar una sanción de 3.400 millones de pesos.

Al exsenador según la investigación, se le comprobaron nexos con el exparamilitar Salvatore Mancuso, ficha clave para llegar al Congreso de la República en 2002.

Su éxito electoral lo explicó con el apoyo político a su primo en 2002. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia cuestionó cómo pudo pasar de 3.060 votos en 1998 a 10.631 en las elecciones del 2002 y, cuatro años después, con la desmovilización de los paramilitares, obtener 2.539, en cinco municipios de Córdoba.

Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Salvatore Mancuso, aseguró que sí hubo un apoyo electoral para Mario Uribe.

Desde Estados Unidos, el desmovilizado explicó que la ex congresista Eleonora Pineda, quien fue condenada por la ‘parapolítica’, le informó que ella apoyaría a Mario Uribe y entonces él da la orden para que se apoye a este exsenador antioqueño.

Tras dicha declaración, Mancuso denunció problemas de seguridad y su intención de no declarar más dentro de los procesos pendientes por la llamada ‘parapolítica’.

Por otro lado, el desmovilizado Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirry’, declaró que Mario Uribe, se valió de presión armada para conseguir tierras a bajo precio en Córdoba.   

Tras la negativa de asilo por parte de Costa Rica, Uribe Escobar renunció a su escaño parlamentario en 2008 para ser investigado por la Fiscalía y juzgado por un juez de menor categoría a la de la corte.

La defensa apeló la orden de captura y cuatro meses después, el 20 de agosto de 2008, fue resuelta por el entonces fiscal encargado, Guillermo Mendoza, quien lo dejó en libertad sin excluirlo de la investigación.

En febrero de 2010, sin embargo, fue detenido nuevamente, en su casa de Medellín (noroeste) y trasladado a Bogotá, donde permanece desde entonces en la cárcel La Picota.

Actualmente, más de 70 excongresistas son investigados también por sus presuntos nexos y alianzas con miembros de las AUC, de los que unos 30 están detenidos y una decena han sido condenados.