Suspenden a William Dau, alcalde de Cartagena, por llamar corruptos a funcionarios

William Dau, el polémico alcalde de la ciudad de Cartagena, sigue siendo protagonista de controversias luego de que la Procuraduría le anunciara una sanción de 4 meses por dirigirse en tono irrespetuoso a las directivas de la Universidad de Cartagena a través de las redes sociales.

La Procuraduría General de la Nación anunció la determinación en contra del mandatario cartagenero de 71 años que es abogado de profesión con formación en Bogotá y en los Estados Unidos y que llegó al poder de la Heroica derrotando a los clanes políticos tradicionales con una estrategia basada en las redes sociales.

Y han sido las redes sociales las que le han dado alegrías y también amarguras al mandatario de la capital el departamento de Bolívar, porque precisamente un comentario desobligante en una de ellas hizo que la Procuraduría le impusiera una sanción.

William Dau hizo una publicación en el 2020 en la que se refería a algunos directivos de la Universidad de Cartagena como ‘malandrines´, ´corruptos´ y aseguró que la institución universitaria era un ´nido de ratas´, esto no gustó a los afectados y el ente realizó la sanción.

En audiencia de juicio disciplinario se tomó la determinación de suspender al alcalde Dau porque faltó gravemente al artículo 39, numeral 19 del Código Disciplinario que prohíbe proferir insultos en contra de servidores públicos.

“William Dau es disciplinariamente responsable de la falta grave que está en el artículo 39, numeral 19, del Código Disciplinario, es decir, proferir expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier servidor público o las personas con las que tenga relación por razón del servicio”, indicó la Procuraduría General de la Nación.

Decisión desproporcionada

Para el alcalde William Dau y su defensa, la decisión que tomó la Procuraduría General de la Nación es desproporcionada y además se encuentra en total desconocimiento de la jurisprudencia que tomó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según la cual los funcionarios de elección popular solo pueden ser sancionados por un juez.

Esta decisión de la Procuraduría pone de nuevo en la mesa la facultad que esta tiene para sancionar a funcionarios elegidos popularmente, teniendo como antecedente más importante en el país a Gustavo Petro, actual presidente de la República, quien fue suspendido cuando era alcalde de Bogotá por el procurador Alejandro Ordoñez.

Después de una batalla la CIDH reconoció que Petro no debió haber sido suspendido y recordó a los gobiernos del continente que un funcionario elegido a través del voto popular no puede ser suspendido o destituido sino por un juez penal.