Trump redobla discurso sobre fraude y pone bajo la lupa a ciudadanos naturalizados

El debate sobre la integridad del sistema electoral en Estados Unidos sumó un nuevo capítulo tras conocerse que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ordenó revisar casos de personas que pudieron haberse registrado o votado antes de convertirse en ciudadanos estadounidenses.

La directriz quedó consignada en un memorando interno distribuido a líderes de la agencia y revisado por CNN. En el documento se instruye a la Unidad de Fraude de Identidad y Beneficios de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) a examinar expedientes abiertos y cerrados relacionados con presunto fraude electoral, con el objetivo de identificar a individuos que posteriormente obtuvieron la naturalización.

La iniciativa surge tras un decreto emitido en marzo por el presidente Donald Trump sobre votación y se enmarca en una estrategia más amplia de su Gobierno para reforzar los controles sobre el registro electoral. El texto interno cita estatutos federales que sancionan a quienes se registren o voten “a sabiendas” de que no son elegibles, un punto clave en cualquier eventual proceso penal o migratorio.

Aunque el voto de no ciudadanos ha sido uno de los ejes del discurso político de Trump y sus aliados, múltiples revisiones estatales han demostrado que los casos confirmados son poco frecuentes. Funcionarios electorales reconocen que pueden existir errores administrativos en los padrones, pero también advierten que los cruces automáticos con bases de datos migratorias suelen generar falsos positivos.

En Idaho, por ejemplo, una revisión preliminar con datos federales identificó a cientos de posibles no ciudadanos en el padrón; tras un análisis más detallado, la lista se redujo a apenas un puñado de casos susceptibles de investigación adicional. Situaciones similares han sido reportadas en otros estados.

En paralelo, el Departamento de Justicia (DOJ) mantiene litigios con autoridades estatales para obtener acceso a información detallada de registros electorales. El Gobierno sostiene que necesita esos datos para garantizar el cumplimiento de las leyes federales que regulan la depuración de votantes fallecidos o que cambiaron de residencia. Sin embargo, en los procesos judiciales que ya han tenido resolución, los jueces han rechazado las solicitudes federales.

La discusión también escaló al Congreso. Durante su más reciente intervención ante legisladores, Trump exigió restablecer plenamente los fondos del DHS y pidió aprobar la llamada Ley SAVE, que endurecería los requisitos para registrarse como votante en elecciones federales, incluyendo la obligación de presentar prueba documental de ciudadanía.

El cruce entre política migratoria y sistema electoral anticipa nuevos enfrentamientos legales y políticos. Mientras la Casa Blanca insiste en que la prioridad es proteger la legitimidad del voto, organizaciones defensoras de derechos civiles alertan sobre el riesgo de que revisiones masivas afecten a ciudadanos legítimos o generen barreras adicionales para participar en las elecciones.