Decisión judicial deja en la cuerda floja a miles de familias migrantes

La incertidumbre volvió en gran número de familias migrantes en Estados Unidos. Un fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dio autorización a la administración del presidente Donald Trump para continuar en la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que durante varios años protegió a ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal.

La decisión deja anulada una orden judicial que había frenado la cancelación del programa y retoma la posibilidad de que más de 60.000 personas migrantes queden sin su permiso de trabajo y queden en riesgo de deportación. Para muchas de ellas, el TPS no ha sido solo un estado migratorio, sino la base sobre la que formaron su vida en Estados Unidos.

El TPS fue creado por el Congreso en 1990 como un mecanismo humanitario. Permitía brindar residencia temporal y permiso laboral a personas provenientes de países perjudicados por guerras, desastres naturales u otras crisis. Honduras y Nicaragua fueron integradas tras el huracán Mitch en 1998, mientras que Nepal obtuvo la asignación después del terremoto de 2015.

Desde el Gobierno estadounidense, la postura ha sido contundente: el programa fue diseñado como una medida transitoria y las circunstancias en esos países, aseguran, ya no respaldan su continuidad. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, festejó el fallo y reiteró que el TPS “nunca fue diseñado para ser permanente”.

Por el contrario, organizaciones defensoras de derechos migrantes alertan que la decisión tendrá grandes consecuencias. La Alianza Nacional del TPS sostuvo que miles de beneficiarios han vivido durante muchos años en el país, pagan impuestos y responden por sus familias. Algunos incluso trabajan en sectores importantes como salud y servicios esenciales.

El caso de Jhony Silva ilustra ese impacto. Llegó desde Honduras cuando era tan solo un niño y hoy es auxiliar de enfermería en California. Es padre de un menor ciudadano estadounidense con necesidades especiales. Sin el TPS, su estabilidad económica y la cobertura médica de su hijo quedarían en peligro.

Aunque el fallo simboliza un revés para los beneficiarios, la pelea judicial no está cerrada. Las organizaciones que dirigen la demanda notificaron que evaluarán nuevos recursos legales, mientras instan al Congreso a involucrarse y ofrecer una salida legislativa definitiva. Entre tanto, miles de hogares viven días de máxima preocupación, revisando documentación, preguntando a abogados y tratando de comprender qué pasará con el país que consideran su hogar.

El escenario también reaviva el debate político sobre el alcance de las medidas migratorias en Estados Unidos. Para unos, se trata de aplicar estrictamente la ley; para otros, de una decisión que podría fragmentar comunidades enteras y generar un impacto económico y social difícil de revertir. Lo cierto es que, más allá de los tribunales, el fallo ya tiene efectos reales en la vida cotidiana de quienes hoy vuelven a sentir que su futuro depende de una firma judicial.