Nueva propuesta del DHS pone en alerta a miles de inmigrantes que esperan la Green Card

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) propuso un cambio que podría transformar la manera en que se evalúa la “carga pública” de los solicitantes de residencia permanente o Green Card.

Bajo esta nueva normativa, quienes dependan de ciertos programas de asistencia social podrían ver afectadas sus posibilidades de obtener la residencia, un escenario que ha generado incertidumbre entre miles de inmigrantes colombianos y sus familias.

El DHS anunció que revisará una propuesta de reglamento que revertiría las protecciones establecidas en 2022 por la administración del entonces presidente Joe Biden para quienes buscan la residencia permanente. Según informó Newsweek, el cambio gira en torno al ground of inadmissibility o “carga pública”, es decir, el criterio mediante el cual las autoridades evalúan si un solicitante podría convertirse en dependencia del Estado por el uso de beneficios públicos.

Con esta nueva propuesta, la administración de Donald Trump otorgaría mayor potestad a los funcionarios de inmigración para decidir quién califica y quién no para la obtención de la Green Card.

¿Qué significa esta propuesta?

En 2022, la administración Biden definió la carga pública únicamente como la dependencia de asistencia en efectivo para el sustento económico o la atención institucional de largo plazo a cargo del gobierno. Programas como Medicaid regular, la ayuda alimentaria (SNAP), los subsidios de vivienda o la atención médica comunitaria no se tomaban en cuenta.

La nueva propuesta del DHS podría reintroducir criterios más amplios. Así, la participación en ciertos programas sociales o de salud podría interpretarse como indicio de que un solicitante “podría convertirse en carga pública”. Esto implicaría mayor discrecionalidad para negar la residencia, considerando factores como edad, salud, historial familiar o uso previo de beneficios públicos.

¿Cuáles son los riesgos?

Si bien categorías como refugiados, asilados, sobrevivientes de trata, veteranos y menores protegidos suelen estar exentas de la regla de carga pública, organizaciones como el National Immigration Law Center (NILC) y la Protecting Immigrant Families Coalition alertan que la propuesta podría generar un efecto disuasorio entre familias que hoy acceden legalmente a programas de salud, nutrición o vivienda.

Estas organizaciones advierten que millones de residentes legales y solicitantes de Green Card podrían renunciar al uso de servicios públicos por temor a que esto afecte su estatus migratorio. El cambio también podría hacer que los procesos de solicitud se vuelvan más complejos y lentos. Expertos señalan que la carga de papeleo para las tarjetas verdes ya se duplicó bajo la actual administración.

El DHS presentó la propuesta, titulada “Motivo de inadmisibilidad por carga pública”, en el Registro Federal. De publicarse el 19 de noviembre, como está previsto, la normativa revocaría formalmente las protecciones emitidas por la administración Biden en diciembre de 2022.