Presidente Donald Trump gana respaldo judicial para endurecer la visa H-1B

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en septiembre pasado una serie de medidas más estrictas dirigidas a empresas y ciudadanos extranjeros que buscan acceder a la visa H-1B, un permiso que permite a profesionales foráneos trabajar legalmente en el país. La iniciativa, que incluye una tarifa de 100.000 dólares por solicitud, se inscribe en una ofensiva migratoria más amplia impulsada por el mandatario desde su regreso a la Casa Blanca.

La legalidad de la medida fue respaldada por la jueza del Distrito de Columbia, Beryl Howell, quien en un fallo de 56 páginas concluyó que Donald Trump cuenta con “amplia autoridad legal” para abordar lo que considera un problema de seguridad económica y nacional. “La decisión y su implementación son legales y, por tanto, resisten los recursos de los demandantes”, señaló la magistrada en su dictamen.

Sin embargo, Howell reconoció que el incremento en el costo del visado podría “infligir un daño significativo” tanto a empresas estadounidenses como a instituciones de educación superior, que dependen en buena medida de este programa para atraer talento internacional.

Cuando la nueva tarifa fue anunciada, las compañías tuvieron apenas 36 horas de aviso antes de que entrara en vigor, una situación que generó confusión e incertidumbre sobre su aplicación y alcance, especialmente en sectores altamente dependientes de mano de obra calificada, como el tecnológico.

El endurecimiento de las condiciones para la visa H-1B marca un giro relevante, ya que hasta ahora el presidente Donald Trump no había dirigido sus medidas contra este programa, del que depende en gran parte Silicon Valley. El mandatario ha reiterado que el sistema es objeto de abusos, al permitir que algunas empresas sustituyan a trabajadores estadounidenses por extranjeros dispuestos a recibir salarios más bajos.

Estados Unidos otorga cada año 85.000 visas H-1B mediante un sistema de sorteo. De ese total, cerca de tres cuartas partes son concedidas a ciudadanos de la India. El visado se entrega inicialmente por un periodo de tres años, con la posibilidad de ser prorrogado hasta seis.

La medida fue impugnada judicialmente por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Asociación de Universidades Estadounidenses (AAU), organizaciones que subrayaron que los titulares de visas H-1B contribuyen “de manera sustancial a la productividad, la prosperidad y la innovación estadounidenses”.

Además de este fallo, al menos otras dos demandas contra la tarifa de 100.000 dólares para la solicitud de la visa H-1B continúan en curso en los tribunales.