Caos migratorio: una jueza de Maryland frena la polémica tarifa de asilo en Estados Unidos

Una jueza federal en Maryland suspendió de forma temporal la aplicación de la nueva tarifa anual impuesta por el Gobierno estadounidense a los solicitantes de asilo, al considerar que existieron contradicciones e incoherencias entre las agencias encargadas de implementarla.

La jueza Stephanie Gallagher determinó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) actuaron “de manera arbitraria y caprichosa” al emitir directrices contradictorias sobre el cobro de una tarifa de 100 dólares anuales, establecida en la llamada “gran y hermosa ley” impulsada por la administración Trump.

Según el fallo de la jueza, la falta de coordinación entre ambas agencias generó confusión y provocó que incluso algunos solicitantes fueran expulsados antes de que existiera un mecanismo para realizar el pago. En consecuencia, Gallagher ordenó suspender de inmediato la medida en todo el país hasta que el Gobierno emita normas claras y uniformes. “Los acusados no resolvieron las inconsistencias entre sus políticas”, escribió la jueza, quien advirtió que las contradicciones del Gobierno crearon un “daño irreparable” para los solicitantes de asilo.

La decisión responde a una demanda presentada por el Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP), organización que acusa al Gobierno de aplicar ilegalmente la tarifa a personas que habían presentado sus casos antes de la entrada en vigor de la ley, firmada el pasado 4 de julio. La norma exige un pago anual de 100 dólares por cada año que el caso permanezca pendiente, una obligación inexistente hasta entonces.

USCIS empezó a notificar sobre la nueva tarifa a partir del 1 de octubre, dando un plazo de 30 días para pagarla, lo que significa que los primeros cobros vencerían el 31 de octubre. Según ASAP, esto ha generado pánico y confusión entre los solicitantes, muchos de los cuales no han recibido instrucciones sobre cómo o cuándo efectuar el pago.

Demandantes perjudicados

Uno de los demandantes, un ciudadano ruso que pidió asilo en 2022, aseguró que teme ser deportado por no poder pagar una cuota para la cual no existe oficialmente. Otro testimonio, de una mujer hondureña, advierte que no tiene recursos económicos para cubrir el cobro, mientras que un solicitante nigeriano dijo haberse enterado de la nueva regla por redes sociales.

Ante las críticas, la EOIR habilitó un portal de pago y se comprometió a notificar a los solicitantes sujetos a la nueva tarifa. Sin embargo, ASAP sostiene que las agencias aplican la norma de forma retroactiva y descoordinada, con fechas que no coinciden.

Durante la audiencia, la jueza Gallagher cuestionó al Departamento de Justicia sobre la posible retroactividad de la política y recordó que muchos solicitantes llevan años esperando una decisión. Por otro lado, la abogada gubernamental, Zareen Iqbal, negó que se trate de una penalización y comparó la tarifa con un impuesto destinado a mantener el sistema migratorio.

La jueza Gallagher aseguró que reconsiderará la suspensión una vez las agencias de USCIS y EOIR establezcan reglas claras y mecanismos transparentes de pago.