Iowa adopta medida controversial: nueva ley faculta arresto y deportación de inmigrantes

La política de inmigración de los Estados Unidos se encuentra atravesando por una situación delicada, y en los últimos meses las iniciativas del Estado de la unión americana para endurecer las normas sobre el ingreso de foráneos indocumentados son mayores. 

Gran revuelo causó la decisión el estado de Texas de tomar por cuenta propia la crisis de la migración permitiendo a las autoridades diferentes a las federales representadas en la Guardia Fronteriza, detener y deportar a ilegales y también a quienes consideren sospechosos de serlo. 

La determinación de Texas, por medio de la Ley SB-4, ha resonado en los otros estados fronterizos como Arizona, Nuevo México y California, sin embargo, estados que no comparten límites con México se han unido en una cruzada por el endurecimiento de las leyes migratorias. 

Iowa aprobó una ley que autorizada el arresto y la deportación de inmigrantes indocumentados, así lo confirmó su gobernadora, Kim Reynolds, quien considera que en su estado existe la disposición para hacer loque el presidente Joe Biden no está haciendo. 

La funcionaria ha sido enfática en asegurar que el mandatario nacional ha sido blando y no ha mostrado deseo de aplicar las leyes que están consignadas, y algunos consideran que esta política laxa obedecer a promesas de campaña que no ha podido cumplir a cabalidad. 

De acuerdo con la ley aprobada, si una persona que se encuentra en Iowa después que se le ha negado la entrada a los Estados Unidos o se le ha expulsado, podrá ser arrestada por autoridades policiales y deportada a su país de origen. 

Esta ley entrada en vigor a partir del 1 de julio, pero diferentes grupos en pro de los migrantes y asociaciones latinas piensan instaurar acciones legales para tratar de bloquear esta normativa, la cual es considerada racista y xenófoba. 

La ley aprobada en Iowa no mantiene conformes a todos en el estado, ejemplo de ello es la jefe de policía de Des Moines, Dana Wingert, quien considera que la policía local no cuenta con los recursos ni con el personal para asumir la responsabilidad del gobierno federal.