Cómo la sentencia Wilkinson v. Garland podría ayudar a inmigrantes a evitar su deportación de Estados Unidos

La política de inmigración en los Estados Unidos tiene diferentes matices y puntos, razones por las que hay que abordar con cuidado la compleja situación, pues mientras existen quienes simplemente quieren que todos los indocumentados sean deportados a sus países de origen, hay también un drama y una emergencia de tipo humano alrededor.

La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ha decidido tener en cuenta todos los alegatos de aquellos inmigrantes que enfrentan un proceso de deportación y que denuncian que esto representa serios problemas para sus familias, algunas afincadas en territorio estadounidense desde hace años y para aquellos que dependen del trabajo de uno de sus padres.

El pasado 19 de marzo los jueces de la Corte Suprema votaron 6 a 3 en favor de un hombre de Trinidad y Tobago que enfrenta un caso de deportación y que alegaba que su expulsión de los Estados Unidos afectaba a su hijo que vivía allí.

Este caso se inició en 2019 cuando Kamu Wilkinson fue arrestado por agentes de inmigración por dejar vencer su visa de turista y considerarse indocumentado y con permanencia irregular en los Estados Unidos.

Wilkinson realizó una serie de apelaciones en las que ilustraba el caso que afectaba a su hijo de 7 años, quien reside en los Estados Unidos y tiene serios quebrantos en su salud y depende económica y anímicamente de su padre.

El nacido en Trinidad y Tobago logró ilustrar ante los jurados que las dificultades que su caso de deportación revestían, son superiores a otras que se pueden experimentar, debido a que su hijo quedaría en total desprotección, agravada por su condición de salud y vulnerabilidad.

El caso fue tomado por la Corte Suprema de Justicia y rechazó que cortes menores no tuvieran en cuenta el conjunto de situaciones que rodean la situación, por lo tanto, reversó el proceso y le dio la razón a la defensa de Wilkinson, situación que abre una puerta de esperanza para aquellos inmigrantes indocumentados que logren probar que su expulsión de los Estados Unidos perjudica la situación de su familia.