Los derechos de los homosexuales toman fuerza legal en América

El sueño de los homosexuales de tener los mismos derechos que las parejas tradicionales empieza a convertirse en una realidad legal en América, donde varios países han avanzado hacia el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo.

Un paso en ese sentido lo dio esta semana Colombia, donde la Corte Constitucional reconoció los derechos patrimoniales de las parejas gays que hayan convivido al menos dos años.

Pese a que el fallo no significa la aprobación del matrimonio homosexual, establece que el patrimonio pertenece a los dos miembros de la pareja, sin importar su sexo, lo que abre el camino para la disputa de herencias, pensiones y otros beneficios familiares.

Una decisión similar espera la organización Unión Afirmativa de Venezuela, que pidió que se reconozcan jurídicamente las uniones homosexuales y sus efectos patrimoniales.

Pasos semejantes se han dado en Ecuador, donde se ha conseguido el reconocimiento de acuerdos patrimoniales y varias organizaciones presentaron al Congreso una "ley anti-discriminación".

En el Congreso brasileño se tramita desde hace más de una década un proyecto de ley para reglamentar la "unión civil" entre homosexuales que, de aprobarse, garantizaría derechos similares a los reconocidos por la Corte colombiana.

La comunidad homosexual brasileña ha conseguido otros triunfos en la justicia, como la autorización para adoptar a menores y el reconocimiento como "unión estable" de una pareja de hombres con "todas las consecuencias legales".

Latinoamérica

Los homosexuales chilenos también esperan que en marzo próximo se apruebe la Ley contra la Discriminación que incluye la no exclusión por orientación sexual.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual redactó además un proyecto para regular las uniones civiles entre parejas homosexuales, apoyado por la presidenta Michelle Bachelet y por la mayoría del Congreso.

"Nosotras existimos, no mendigamos derechos, los exigimos", corearon decenas de lesbianas de Chile, Brasil, Argentina, Perú y Guatemala, que se manifestaron ayer en Santiago para exigir "políticas de Estado pensadas para todos".

La lucha de la Comunidad Homosexual Argentina se centra en la derogación de los códigos de faltas en diez de las 24 provincias en las que se criminaliza a los "travestis".

Se busca que la ley, que permite las uniones civiles gays en Buenos Aires y otras pocas provincias sea de "carácter nacional" e "incluya la plenitud de derechos".

Menos adelantado está Uruguay, donde el derecho patrimonial de las parejas homosexuales no está en vías de ser reconocido, una situación similar a la de Paraguay y Bolivia.

En Canadá, los matrimonios homosexuales son legales desde julio de 2005 tras la aprobación de una ley que declara el matrimonio como la unión de dos personas sin importar su sexo.

Las bodas gays se celebran también en el estado de Massachussets (EEUU) mientras que en Vermont y Connecticut se realizan "uniones civiles" para acceder a los mismos derechos y obligaciones que los heterosexuales.

En Estados Unidos, 45 estados tienen en sus constituciones cláusulas que prohíben el matrimonio gay y leyes que lo definen expresamente como la unión entre un hombre y una mujer.

El presidente George Bush, defensor del proyecto constitucional para prohibir el matrimonio homosexual, no consiguió en 2006 el apoyo para aprobar en el Senado la medida, que, según él, defendía la institución del matrimonio y la estructura familiar tradicional.

La comunidad gay avanzó en noviembre pasado en México cuando el Congreso local del Distrito Federal aprobó la Ley de Sociedades de Convivencia con la que se reconoce el derecho de estas parejas a compartir deberes y patrimonio, y una norma similar pasó en el Congreso de Coahuila (norte).

Los derechos de las parejas del mismo sexo son más restringidos en Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala, y es crítica la situación en Nicaragua, una de las pocas naciones latinoamericanas que condena a los homosexuales.

El director de la organización Dos Generaciones, Mario Chamorro, sostuvo que el Código Penal nicaragüense tipifica esta orientación sexual como "sodomía" y la castiga con penas que van de uno a tres años de cárcel, mientras que en Panamá el reglamento de la Policía Nacional considera a la homosexualidad como causal de destitución.

En cambio, el Legislativo de Puerto Rico discutirá la próxima semana una reforma al Código Civil que, entre otras medidas, busca reconocer los derechos de parejas que conviven sin estar casadas, sin importar el sexo.

Los avances de la bandera del arco iris incluyen a Cuba, cuyo Parlamento estudia una propuesta del Centro Nacional de Educación Sexual para autorizar las operaciones de cambio de sexo y la modificación de los documentos de identidad a los beneficiados.

Por: Claudia Polanco Yermanos
Agencia EFE