Pastrana niega haber autorizado reunión en Ralito

El ex presidente colombiano Andrés Pastrana denunció hoy como clandestina una reunión en el 2001 en la que decenas de políticos firmaron un pacto con los escuadrones paramilitares que establecía la "refundación" del Estado.

Pastrana dijo a la salida de una diligencia ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Bogotá que su gobierno (1998-2002) no autorizó citas de congresistas con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El ex gobernante concurrió a la CSJ convocado por el mismo alto tribunal, que investiga los presuntos vínculos de legisladores con esa organización paramilitar, en un escándalo conocido en el país como la "parapolítica".

La causa partió de la revelación del llamado Acuerdo de Ralito, firmado en junio de 2001 por una treintena de políticos, entre ellos una docena de congresistas, y los mandos de las AUC, encabezados por Salvatore Mancuso, el desmovilizado jefe máximo de esa organización.

Hasta ahora, la CSJ ha ordenado la detención de nueve senadores y representantes a la Cámara, ocho de los cuales están presos, e investiga a otros seis.

La del Acuerdo de Ralito "fue una reunión clandestina, una reunión no autorizada", declaró Pastrana tras ofrecer su testimonio a los magistrados que procesan a los políticos con fuero especial.

El ex presidente dijo que, incluso, la cita se celebró cuando no existían acercamientos entre el gobierno y las AUC, que se rompieron luego de una matanza de los paramilitares en el poblado norteño de Chengue.

Los contactos sólo se restablecieron en febrero de 2002, con el Vaticano como intermediario o facilitador entre las partes, por petición del Ejecutivo, agregó Pastrana.

Además de "refundar" el Estado, quienes firmaron el consenso se comprometieron con la suscripción de un "nuevo contrato social", según el texto del documento, que fue divulgado a finales de noviembre pasado en el Congreso.

El acuerdo también ha sido recibido como prueba por la Fiscalía General para investigar a los políticos y funcionarios sin fuero que asistieron a la reunión en la que se discutió y firmó.

El gobierno del presidente Álvaro Uribe y las AUC abrieron en diciembre de 2002 un diálogo de paz que terminó a mediados del año pasado

Más de 31.000 paramilitares dejaron las armas en virtud de este proceso, que implicó la aprobación de una polémica normativa de justicia y paz para los desmovilizados que afrontan procesos por crímenes de lesa humanidad.

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