¿Te quieren subir el arriendo? Ojo a estas normas para que no te tumben

El inicio del 2025 trae consigo una de las mayores inquietudes para los colombianos: el incremento en los arriendos. Este ajuste, que se realiza cada comienzo de año, puede generar tensiones entre arrendadores y arrendatarios, especialmente en un contexto económico complejo. Aunque el aumento es legal, las normativas vigentes buscan equilibrar la relación entre ambas partes y garantizar la estabilidad económica de los inquilinos.

En Colombia, los contratos de arrendamiento están regulados por la Ley 820 de 2003 y el Código Civil, los cuales establecen condiciones claras para los ajustes en los cánones de arriendo. Por ejemplo, la ley prohíbe realizar incrementos durante el primer año de vigencia del contrato, tanto en inmuebles residenciales como comerciales. Si un arrendador viola esta norma, podría enfrentar sanciones legales.

Otro aspecto clave es la obligación de mantener los inmuebles en condiciones óptimas. Si la propiedad presenta problemas estructurales, humedad o fallas en servicios básicos, no sería ético ni legal aumentar el arriendo. Los arrendatarios tienen derecho a exigir la resolución de estos inconvenientes antes de aceptar cualquier incremento.

En el caso de Viviendas de Interés Social (VIS), las restricciones son aún más estrictas. Los aumentos en este tipo de propiedades están sujetos a límites específicos para proteger a familias de bajos ingresos y evitar abusos. Si un incremento supera los valores permitidos por la ley o los precios promedio del mercado, el inquilino puede impugnarlo ante las autoridades competentes.

Además, la normativa exige que cualquier ajuste en el arriendo sea notificado por escrito con al menos tres meses de anticipación. De no cumplirse este plazo, el aumento será inválido. Esto permite que los arrendatarios evalúen su situación y tomen decisiones con tiempo suficiente.

Finalmente, Valora Analitik resalta la importancia de formalizar los contratos por escrito. Este documento es esencial para definir derechos, deberes y condiciones de ajuste, y su incumplimiento puede derivar en conflictos legales que afecten a ambas partes.