Funcionario de la Corte Constitucional fue capturado por corrupción

Por denuncias del alto tribunal el CTI capturó a Yovanny Caicedo, auxiliar de la Secretaría General del organismo.

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Por denuncias del alto tribunal el CTI capturó a Yovanny Caicedo, auxiliar de la Secretaría General del organismo.

El CTI de la Fiscalía General de la Nación capturó este martes a Yovanny Caicedo Rojas, funcionario de la Corte Constitucional que cobraba dinero por asignación de tutelas. 

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De acuerdo a la Fiscalía, Caicedo fue detenido cuando se encontraba en las oficinas de la corporación, y se le imputarán cargos por presunta corrupción en el trámite de una tutela ante el alto tribunal. 

Caicedo tiene el cargo de auxiliar judicial grado 2 en la Secretaría General de la Corte Constitucional. 

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En contra del funcionario hay evidencias testimoniales y fotográficas, que lo dejan como responsables de exigencias de dinero a ciudadanos a cambio de garantizar, aparentemente, el estudio favorable de tutelas.

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La Fiscalía manifestó que fue por pedido de la misma corte que comenzaron la investigación que da como resultado la capturado de Caicedo, presumiblemente autor del delito de cohecho, y este miércoles se tiene previsto su presentación ante un juez de garantías.

“Caicedo Rojas se desempeñaba como funcionario administrativo de la Corte Constitucional desde 1995 y, actualmente, estaba adscrito a la Secretaría General de la Corporación”.

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Al parecer, entre las tutelas que el funcionario intentó gestionar era una presentada por el narcotraficante Miguel Ángel Mejía Múnera, alias el Mellizo, y por la que tomaría, entre 50 y 100 millones de pesos, según la Fiscalía.

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Además, en otra tutela que estaba bajo la promesa de Caicedo fue una que presentó Adriana Patricia Páez, esposa de un notable narcotraficante de los Llanos Orientales afín a la organización de Carlos Ledher, con el objetivo de recuperar un inmueble puesto a extinción de dominio.

“Las evidencias recopiladas indicarían que, por este caso, el funcionario de la Corte Constitucional hablaba de $50’000.000 y $70’000.000 para que la acción fuera revisada; monto que sería de $700’000.000 más por un fallo favorable”.

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La Fiscalía afirmó que coordinan junto con la Corte para certificar la transparencia en los procesos judiciales que en las dos entidades se desarrollan.

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