Casa por cárcel para implicado en escándalo de Centros Poblados

Casa por cárcel concedió un juez a Juan José Laverde, exdirectivo de la corredora de seguros que presuntamente obtuvo la garantía bancaria falsa del polémico y millonarios contrato de Centros Poblados entregado por el Ministerio de las TIC.

Dicho beneficio fue concedido desde el pasado 27 de octubre, cuando el funcionario judicial atendió la solicitud de la defensa de Laverde, que argumentaba que este no representa un peligro para la sociedad y que la Fiscalía avanza sin problemas en el proceso.

Además, no se mostró oposición ni de la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni las víctimas del caso, razón por la cual el juez falló a favor del exagente de seguros.

Este hombre, quien fue capturado el mismo que el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, y el contratista Emilio Tapia, es identificado por la Fiscalía como una de las fichas clave en la investigación del acuerdo que buscaba entregar centros de conexión en municipios apartados.
Laverde siempre ha negado su participación en el escándalo de corrupción y asegura que lo único que hicieron desde la aseguradora Rave Seguros fue ubicar a la persona que anticipó.

De hecho, el exfuncionario entregó los nombres de quienes contactó con Centros Poblados y quienes, supuestamente, se encargarían del documento.

Cabe recordar que Laverde fue imputado desde el pasado 24 de septiembre por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. Pese a que el acusado se declara inocente, la Fiscalía General argumenta que este tenía conocimiento de todos los movimientos que se estaban generando para obtener la garantía bancaria.

De igual manera, el fiscal del caso indicó que Laverde era quien sostenía conversaciones constantes con Tapia y Duque y presentó las declaraciones de otros testigos que se postularon para la investigación del millonario contrato, entre ellos, Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona y Jorge Alfonso Molina García-Mayorga.

Este último dijo que llegó al proceso por Laverde, quien según indica, lo habría buscado cuando comenzaron a tener inconvenientes en la consecución de las pólizas.

Es de mencionar que el caso del escándalo del contrato del Mintic cursa en otros entes de control además de la Fiscalía. Además, las posibles irregularidades ocasionaron la renuncia de la entonces ministra, Karen Abudinen y llevaron a que se embargaran todas las cuentas de Centros Poblados.

En ese orden de ideas, el Ministerio de las TIC busca poder recuperar los $70.000 millones del anticipo que giró el Estado a la unión temporal.