Catatumbo cumple un año de crisis humanitaria en medio de la persistencia del conflicto armado

El Catatumbo completa un año desde el recrudecimiento de la crisis humanitaria que afecta a esta región del nororiente del país, marcada por la persistencia del conflicto armado, el desplazamiento forzado y las restricciones a la movilidad de la población civil. Así lo advierte un informe reciente de la Defensoría del Pueblo, que analiza las dinámicas de violencia y las condiciones de vida en el territorio.

De acuerdo con la entidad, durante este periodo se ha mantenido la confrontación entre grupos armados ilegales, lo que ha generado confinamientos, amenazas y graves afectaciones a comunidades campesinas y población rural. La Defensoría del Pueblo señala que la crisis humanitaria en el Catatumbo no responde a hechos aislados, sino a una situación estructural que se ha prolongado en el tiempo.

El informe advierte que la presencia institucional sigue siendo limitada en varios municipios de la región, lo que dificulta el acceso efectivo a derechos fundamentales como la salud, la educación y la seguridad alimentaria. Además, se identifican riesgos constantes para líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Persistencia del conflicto armado

Según la Defensoría del Pueblo, en el último año se han registrado desplazamientos forzados, homicidios selectivos y restricciones impuestas por los actores armados, lo que mantiene a la población en una situación de vulnerabilidad permanente. La entidad resalta que el control territorial y las economías ilegales continúan siendo factores que alimentan la violencia en el Catatumbo.

El documento también señala que, aunque existen expectativas frente a los diálogos y acercamientos con grupos armados, estos no se han traducido en mejoras concretas para las comunidades. La crisis humanitaria persiste y las alertas tempranas continúan activas en la región.

Acciones urgentes en el territorio

El informe de la Defensoría del Pueblo advierte que la crisis humanitaria en el Catatumbo exige respuestas inmediatas y sostenidas por parte del Estado, especialmente en los municipios más afectados por la confrontación armada. La entidad señala que la falta de intervención oportuna profundiza las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades.

Asimismo, el documento subraya la necesidad de fortalecer la presencia institucional, garantizar la protección de la población civil y asegurar el acceso a derechos fundamentales. Según la Defensoría, estas acciones son clave para evitar un mayor deterioro de la situación humanitaria y reducir los riesgos asociados a la persistencia del conflicto armado.