La Cancillería exigió a las autoridades ecuatorianas claridad en traslado de personas privadas de libertad

Las relaciones entre Colombia y Ecuador atraviesan un momento de tensión diplomática tras la llegada de más de 600 ciudadanos colombianos deportados desde cárceles ecuatorianas. Según informó la Cancillería colombiana, hasta el sábado 26 de julio, un total de 603 connacionales han retornado al país a través del Puente Internacional de Rumichaca, en Nariño, en medio de un proceso que ha sido cuestionado por la falta de coordinación previa entre ambos gobiernos.

La canciller encargada de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, señaló que el Gobierno insistirá ante Ecuador para que se defina un protocolo y un calendario claro que regule las futuras deportaciones de personas privadas de la libertad. De acuerdo con la funcionaria, el procedimiento actual ha carecido de lineamientos acordados bilateralmente, lo que dificulta la logística de recepción y pone presión sobre las autoridades migratorias, penitenciarias y judiciales del país.

Del grupo recibido, 543 son hombres y 60 mujeres. A cada uno de ellos se le aplicó un procedimiento de verificación que incluyó control migratorio, validación de identidad y revisión de antecedentes judiciales. Como resultado, se identificaron 11 personas con órdenes de captura activas, una de ellas con notificación roja de Interpol. Las autoridades ya tomaron las medidas correspondientes con estos casos.

La Cancillería también confirmó que se espera un nuevo grupo de colombianos deportados entre el miércoles y el jueves. Por ello, se considera urgente definir mecanismos eficaces de cooperación entre ambos países para garantizar un manejo adecuado de estas devoluciones, que podrían incrementarse en las próximas semanas.

Petro cuestionó al gobierno de Ecuador

El presidente Gustavo Petro se sumó a la postura crítica de la Cancillería. En una publicación realizada el 26 de julio en su cuenta oficial de X, el mandatario cuestionó el procedimiento adoptado por el gobierno ecuatoriano, indicando que no hubo comunicación previa ni concertación con Colombia sobre las deportaciones.

Por su parte, Ecuador ha sostenido que sí informó la medida a Colombia. Sin embargo, desde Bogotá se insiste en que no existe, hasta ahora, un protocolo formal acordado para el traslado de los connacionales detenidos en territorio ecuatoriano. El Gobierno colombiano ha reiterado que continuará gestionando canales diplomáticos estables y permanentes para resolver esta situación con responsabilidad y respeto mutuo entre ambas naciones.