Deportación de colombianos presos en Ecuador: falta de protocolos genera choque diplomático

El alcalde de Ipiales, en el sur de Colombia, ha denunciado públicamente la falta de protocolos claros en la deportación masiva de presos colombianos desde Ecuador, iniciada el 24 de julio de 2025, sin garantía del debido proceso ni coordinación diplomática adecuada. 

A la fecha, se estima que más de 800 personas privadas de la libertad en el país vecino serán trasladadas sin documentos ni expedientes completos. Este hecho ha generado críticas desde las autoridades colombianas por violaciones a derechos fundamentales y falta de condiciones dignas.

Según el alcalde de Ipiales, Amilcar Pantoja, el proceso de deportación masiva no tuvo ninguna notificación oficial previa por parte del gobierno ecuatoriano, lo que representa una falta al protocolo binacional correspondiente.

“Quiero destacar que sobre este caso no tuvimos ninguna comunicación oficial, institucional sobre este procedimiento”, dijo Pantoja a través de un comunicado. 

El mandatario denunció que la falta de protocolos y documentación podría representar un riesgo para la seguridad de Colombia, ya que sin los expedientes correspondientes los presos no pueden continuar privados de la libertad. 

“Aquí hace falta la presencia del departamento, hace falta la presencia de la nación, inmediatamente se censan, se identifica si no tienen ningún tipo de delito acá en Colombia, la persona quedaría libre en el territorio. En caso de presentarse algún delito, las autoridades van a proceder a capturar a quienes tengan alguna situación pendiente”, agregó. 

Falta de protocolos

Cabe destacar que el gobierno de Ecuador, liderado por el presidente Daniel Noboa, notificó a Colombia el 24 de julio de 2025 su intención de hacer la deportación de colombianos presos que cumplen condenas por delitos graves como terrorismo, narcotráfico, homicidio, abuso sexual y secuestro; sin embargo, se pasó por alto el protocolo legal. 

La medida se basa en una reforma legal aprobada en Ecuador en junio de 2025, que permite suspender la pena en el país vecino si el condenado es deportado y no regresa al país durante 40 años.

La Cancillería de Colombia declaró que recibieron de forma unilateral la notificación y solicitó un protocolo formal para garantizar condiciones dignas y ordenadas durante el traslado. El gobierno calificó la decisión como un “gesto inamistoso” y reclamó la falta de identificación previa y revisión legal de los deportados.

“Colombia ha expresado su más enérgica protesta ante el Gobierno del Ecuador por este gesto inamistoso hacia nuestro país, y se encuentra evaluando las acciones pertinentes para atender la situación y evitar que se sigan cometiendo arbitrariedades en contra de nacionales colombianos en ese país”, expresó.