Concejal propone a Petro una “reforma popular a la Policía” en la que se destacan puntos llamativos

Luego de vivir una tarde llena de actos simbólicos en los que el presidente Gustavo Petro dio a conocer un poco de lo que será su mandato, en la noche del 7 de agosto, Diego Cancino, concejal de Bogotá, envió una carta al nuevo gobierno sobre lo que sería una reforma democrática a la Policía. Así lo publicó en su cuenta de Twitter: 

“Presidente Gustavo Petro, Colombia lo ha contratado. Hoy, 80.000 ciudadanos que llevamos 2 años impulsando una Reforma Popular a la Policía, le pedimos que la reforma sea participativa, desmonte al ESMAD, elimine la impunidad y pase la Policía a una doctrina para la democracia”, manifestó Cancino. 

Así las cosas, dentro de la carta se señala el proceso que existió durante ese tiempo para reunir una lista de reformas a la institución a través del “análisis inclusión en el articulado” con víctimas, jóvenes, familiares de violencia policial, policías en retiro, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos y ciudadanía en general que hicieron su aporte a esta propuesta. 

De ese modo, a continuación se citan las propuestas: 

• Apoyar la Iniciativa Popular Legislativa como el mecanismo legislativo para reformar a la Policía: Lo que queremos de la Policía es lo que representa la reforma: por un lado, es un proyecto construido desde conversaciones amplias, diálogos populares, incluyendo a quienes han sido tradicionalmente excluidos y violentados. Por otro lado, permite armonizar los distintos proyectos de reforma a la Policía, de todos los actores interesados. 
• Pasar a la Policía Nacional al orden político civil: Se deberá crear un Ministerio de la Paz, la Seguridad Ciudadana y de la Confianza, que garantice la ausencia de una disciplina castrense, el ejercicio de funciones esencialmente preventivas y asegure convierta a la Policía Nacional en un cuerpo civil para la paz.
• Reforzar las instancias de participación ciudadana en la que todas las personas interesadas en temas de Policía y seguridad ciudadana puedan participar y ejercer la veeduría, de manera que se avance la naturaleza civil de la Policía.
• Garantizar condiciones dignas para la Policía en términos laborales, profesionales y psico-sociales.
• Eliminar la posibilidad de que la jurisdicción penal militar sea el fuero competente para investigar, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, de conformidad con los estándares de la Corte IDH. Esta posibilidad intensifica la impunidad
• Desmontar el ESMAD e implementar mecanismos de intervención policial en las manifestaciones que garanticen el ejercicio del derecho fundamental a la protesta, priorizando el diálogo y que cuenta con funcionarios competentes formados para el manejo de entornos complejos.
• Integrar a la formación como al entrenamiento policial una doctrina democrática para la paz y, además, una construcción abierta y transparente de las propuestas pedagógicas. La construcción de la doctrina debe abrirse al diálogo con incidencia de la sociedad civil: instituciones académicas, organizaciones de derechos humanos, víctimas y expertos.