Condenan liberación de presuntos responsables del atentado a la Escuela de Cadetes

El juzgado 61 de Conocimiento de Bogotá concedió la libertad a los cinco investigados por el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía Nacional, perpetrado en 2019, argumentando vencimiento de términos en el caso.

Se trata de Angie Lorena Solano Cortés, Andrés Felipe Oviedo Espinel, Miguel Antonio Castillo Rodríguez, Carlos Arturo Marín Ríos y Jessica Catherine Barrientos Castilla, quienes habían sido capturados en 2020 por presuntamente escoltar la camioneta cargada de explosivos para detonarlos en la escuela y financiar el atentado.

De acuerdo a la determinación del juez, estas personas se debían dejar en libertad porque ya se ha superado el tiempo para que se iniciara un juicio en su contra, es decir, 527 días. La decisión judicial fue ampliamente criticada por miembros de la oposición.

El excandidato presidencial y director del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez, calificó esto como una burla a las víctimas. “Liberaron a los terroristas del ELN responsables de asesinar a 22 personas con un carro bomba en la General Santander. Un irrespeto es el nivel de alcahuetería con narcodelincuentes al que estamos llegando”, dijo.

Asimismo, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, condenó el fallo y afirmó que “ningún terrorista merece libertad”. “Es una vergüenza que por vencimiento de términos queden en libertad los procesados por el ataque terrorista del ELN a la Escuela General Santander. Deben entender que sin justicia jamás habrá paz. No más insultos a la memoria de nuestros héroes”, señaló.

Por su parte, el representante a la cámara del Centro Democrático, Óscar Villamizar, cuestionó el sistema judicial colombiano pues este “queda debiendo justicia”. “Es lamentablemente que cinco procesados por el atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander, hayan quedado libres por vencimiento de términos, una burla a la memoria de los 22 uniformados que murieron”, indicó.

Asimismo, la Procuraduría General de la Nación anunció su rotunda oposición a la libertad de los procesados por el atentado que terminó con la vida de 22 uniformados y que dejó otras 89 personas heridas.

La entidad explicó que su delegado para intervenir en el caso solicitó en dos oportunidades negarles la libertad a estas personas teniendo en cuenta los amplios plazos requeridos por la defensa para verificar las pruebas, lo cual afectó la duración de la etapa de juicio.

Por ese mismo motivo, un juez en primera estancia había negado la solicitud de los sindicados al acoger los argumentos de la Procuraduría. Sin embargo, el juzgado 61 resolvió la apelación presentada y accedió a la petición, a pesar de lo señalado por el Ministerio Público.

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, también se sumó a la ola de indignación por estos hechos. En declaraciones para Blu Radio, el jefe del ente acusador aseguró que el sistema judicial del país está diseñado para que este tipo de casos precluyan.

“Tenemos un sistema judicial hoy que permite que los casos terminen en preclusión o prescripción. Usted inicia un proceso, formula una imputación, se solicitan una medida de aseguramiento y corren seis meses para que se pueda acusar a esa persona. De repente aparecen apoderados o defensores que piden 100 pruebas y a cada prueba piden una audiencia. Es un problema del sistema jurídico y penal”, aseveró.