Procuraduría abre indagación preliminar contra el contralor de Cartagena

Una indagación preliminar en contra del contralor distrital de Cartagena, Rafael Castillo Fortich, abrió la Procuraduría Regional de Bolívar, proceso que también cobijará a otros dos funcionarios de la entidad. 

El Ministerio Público busca esclarecer una presunta extralimitación en el ejercicio de sus funciones, en relación con las decisiones en el caso de la exgerente de Transcaribe, María Claudia Peñas Arana. 

A su vez, busca establecer si la Contraloría es competente para determinar si una persona cumple con los requisitos para asumir un cargo, cuestionando la legalidad de un acto y adoptando el hecho de que no se podían recibir salarios por esto. 

De acuerdo con la procuradora regional (e) de Bolívar, Margarita de la Hoz Jure, “se ordenará la apertura de indagación preliminar con la finalidad de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria”. 

Asimismo, se busca identificar e individualizar a los servidores públicos presuntamente comprometidos, y establecer si se ha actuado bajo el amparo de causal de exclusión de responsabilidad. 

Los funcionarios a quienes se les inició investigación por parte de la Procuraduría son: el contralor distrital de Cartagena, Rafael Ignacio Castillo Fortich; el director técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales, Jorge Enrique Blanco Taján; y la coordinadora de Control Fiscal Participativo, Cristina Mendoza Buelvas. 

Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública al actual alcalde de Turbaco, Bolívar, Guillermo Enrique Torres Cuéter, así como al exalcalde de ese mismo municipio, Antonio Víctor Alcalá Puello, por un presunto incumplimiento a fallo judicial. 

La Procuraduría Provincial de Cartagena los investiga porque al parecer no habrían finalizado las obras de acueducto y alcantarillado en un sector del municipio, ni trasladado una planta de tratamiento de aguas residuales, acciones ordenadas por el Juzgado 11 Administrativo de Cartagena en respuesta a una acción popular.  

Por ese aparente incumplimiento a la orden judicial, instaurada por la vulneración a los derechos colectivos al ambiente sano, salubridad pública y saneamiento ambiental de la comunidad, tanto Torres Cuéter como Alcalá Puello fueron declarados en desacato por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar. 

“Se evidencia, del análisis de las pruebas arrimadas al expediente, que transcurrieron dos años y tres meses sin que se advirtiera cumplimiento de las órdenes impartidas por el juez en decisión de acción popular por parte del municipio de Turbaco”, precisó el Ministerio Público en su decisión.

Para la Procuraduría, con su aparente actuación los dos investigados habrían vulnerado los principios de responsabilidad y eficacia de la función administrativa.  

El órgano de control calificó su presunta conducta como una falta grave cometida a título de culpa grave.