Duro dardo a la Jurisdicción Especial para la Paz: Gobernadora del valle cumplirá arresto y cuestiona medidas de la JEP

La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, anunció que acatará el fallo de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el cual le impone dos días de arresto por un supuesto incumplimiento de compromisos relacionados con la implementación del acuerdo de paz. La mandataria regional expresó su descontento con la decisión de la JEP, señalando la ironía de la situación en la que criminales que se acogen a esta jurisdicción quedan libres sin enfrentar la cárcel ni reparar a sus víctimas.

La JEP emitió el fallo debido a la falta de control en el cumplimiento de funciones delegadas, específicamente en medidas cautelares destinadas a proteger zonas de interés forense donde podrían encontrarse víctimas de desaparición forzada. Según el tribunal, la ausencia de cuidado por parte de la gobernadora pone en riesgo la garantía de los derechos de las víctimas y la materialización del Acuerdo Final para la Paz.

El informe de la JEP identificó siete hallazgos con incidencia fiscal, ascendiendo a la sorprendente cifra de $36.879 millones. Además, se detectaron 14 hallazgos con presunto carácter disciplinario y tres con presunta incidencia penal. La investigación se centró en la gestión fiscal vinculada a los procesos de recaudo, administración y ejecución de recursos provenientes de la tarjeta de turista y la contribución para el uso de la infraestructura pública turística.

Clara Luz Roldán, aunque anunció su cumplimiento del fallo, no ocultó su descontento, expresando que funcionarios que trabajan arduamente por la paz son perseguidos de manera desproporcionada con medidas administrativas sin justificación. La gobernadora cuestionó la decisión de la JEP y subrayó la necesidad de verdad, justicia y reparación para las familias afectadas.

Uno de los hallazgos fiscales significativos está relacionado con la construcción abandonada de una pista de bicicross en Providencia, con un monto de $1.225 millones. Otros puntos destacados incluyen deficiencias en el proceso de recaudo por la tarjeta de turista y una inversión de $155 millones en un ascensor no funcional en el Centro de Salud San Luis.

La JEP indicó que la Gobernación del Valle fue vinculada a este trámite mediante un auto en el cual se ordenaba el desarrollo de planes integrales de atención a las víctimas de desaparición forzada. La gobernadora no cumplió con esta orden, según la JEP, lo que resultó en la decisión de dos días de arresto.

El informe de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras subraya la urgencia de acciones correctivas para subsanar las deficiencias encontradas en la gestión fiscal. Estas acciones son cruciales para garantizar el cumplimiento de los propósitos establecidos en la ley y mejorar las condiciones del archipiélago, su comunidad turista y residente, así como su infraestructura.