Emergencia económica: Gustavo Petro responde a la ANDI y acusa defensa de los “megarricos” ante nuevos impuestos

La declaratoria de emergencia económica propuesta por el presidente Gustavo Petro recientemente, ha generado toda una polémica. Diversos gremios han expresado su descontento, entre ellos, la ANDI, quien solicitó la suspensión provisional del decreto.

A través de una carta enviada a la Corte Constitucional, el gremio empresarial pidió que se suspenda provisionalmente la declaratoria de emergencia económica que el Gobierno estaría preparando, argumentando que existen otros mecanismos ordinarios para manejar la situación fiscal. 

De acuerdo con la ANDI, la declaratoria de emergencia económica sería inconstitucional, debido a que no se cumplen los requisitos legales establecidos para activar este tipo de medidas. “No existe una situación o hecho sobreviniente que habilite al Gobierno para decretar tal medida excepcional”, señaló.

El gremio destacó que las causas de la crisis fueron producto de malos manejos por parte del mismo gobierno. “Tienen origen en acciones del mismo gobierno y fueron completamente previsibles, pues son fruto de una política de gasto excesiva”, agregó la ANDI. 

Según lo expuesto por el gremio empresarial, el presupuesto aprobado para 2026 asciende a $546 billones, y el déficit señalado por el Ejecutivo representa apenas el 2,9 % del total de recursos presupuestados. Es asi que considera que “no existe un fundamento de peso para considerar que un faltante tan pequeño pueda afectar de tal forma que se requiera la declaratoria del estado de emergencia”.

Ante estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro respondió al gremio criticando su gestión, ya que buscaría solo "defender a los megarricos", pero a la hora de aumentar el salario mínimo "salen corriendo".

¿Qué implica una declaratoria de emergencia económica en Colombia? 

Una emergencia económica es un estado de excepción constitucional que permite al presidente de la República adoptar medidas extraordinarias para enfrentar situaciones que dañan o intervienen de forma grave en el orden económico del país y no pueden ser atendidas con las herramientas ordinarias del Estado.

El gremio ha advertido que si se decreta la emergencia sin control, por ejemplo, durante un período de vacancia judicial de la Corte, podrían imponerse nuevos impuestos y decretos sin adecuada supervisión jurídica, afectando los derechos de los contribuyentes y la economía nacional. 

El anuncio de la decisión del gobierno de Gustavo Petro lo hizo el Ministro de Hacienda, Germán Ávila, el pasado viernes 19 de diciembre. Según el funcionario, el objetivo es cubrir el déficit de $16,3 billones en el Presupuesto General de la Nación de 2026, luego del archivo de la ley de financiamiento en el Congreso.