Estado colombiano podría pagar $250 mil millones por demanda de Thomas Greg & Sons

Una millonaria demanda se viene para el Estado colombiano porque no hubo conciliación entre la firma Thomas Greg & Sons y el Ministerio de Relaciones Exteriores que encabeza el ex constituyente Álvaro Leyva Durán.

La firma Thomas Greg & Sons era la encargada de los pasaportes colombianos, pero la Cancillería declaró desierta la licitación y fue ahí cuando la firma manifestó estar dispuesta a desistir si se revocaban las resoluciones que declaraban desierta la licitación y le entregaba el contrato, pero el ministro de Relaciones Exteriores se negó y ahí fue cuando comenzó el lío.

En este asunto de los pasaportes salió a relucir el nombre de Marta Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado, quien argumentó que recomendó que lo mejor era conciliar con la empresa, pero el ministerio no quiso hacerlo.

Germán Calderón España, quien fungía como abogado en la Cancillería, dijo a La FM que Marta Lucía Zamora y él anunciaron de las consecuencias al Gobierno Nacional de no llegar a un acuerdo con la firma Thomas Greg & Sons, por lo que ambos recomendaron que se conciliara, pero la respuesta fue un rechazo a la sugerencia expresada.

Calderón España renunció a la Cancillería, mientras que Marta Lucía Zamora manifestó que se le hizo renunciar por cuenta del ministro de Relaciones Exteriores y el presidente de la República, Gustavo Petro.
La denuncia interpuesta por 117 mil millones de pesos interpuesta por la Firma Thomas Greg & Sons podría llegar a los 250 mil millones de pesos si el Estado pierde, lo cual iría en detrimento de la economía de la nación.

El canciller Álvaro Leyva Durán manifestó que el Gobierno colombiano derrotará en los tribunales a la firma demandante y el abogado del Gobierno y apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores indicó por qué el Gobierno no decidió conciliar.

“Hay un primer asunto que hay que aclarar: la posición del comité era básicamente, ellos conciliaron sobre la pretensión de la revocatoria de la declaratoria desierta, pero que ellos no eran competentes para revocar ese acto administrativo propio de las competencias del canciller”, indicó Matallana.

“Entonces, bajo esa perspectiva, el convocante decidió no conciliar porque no se resolvió a fondo lo que él pretendía que era revocar y adjudicar”, puntualizó el abogado de la Cancillería, Ernesto Matallana.

Luego de esto la firma Thomas Greg & Sons quedó con todas las facultades para demandar después de que se intentaran 3 conciliaciones, pero lo que preocupa es que el Estado pierda la demanda y ya no sea de 117 mil millones, sino que tenga que pagar 250 mil.