La carta con la que los extraditables solicitaron al presidente que no los deje por fuera de la ‘paz total’

La Ley de la Paz Total, proyecto a través del cual el gobierno nacional busca preservar y garantizar la vida humana dándole solución definitiva al conflicto armado, ha sido altamente controvertido por diversas personalidades en el país, pues otorga al Presidente de la República facultades para adelantar negociaciones con grupos armados ilegales. 

Pese a esto, y a las mesas de diálogo que se han llevado a cabo con diferentes movimientos, la violencia en el país no cesa; sin embargo, los llamados extraditables no quieren quedar por fuera de esta ley y solicitaron al presidente que los tuviera en cuenta también. 

En fechas recientes, la revista Semana reveló una carta de cuatro hojas en la que los reclusos que están en las cárceles esperando para ser enviados a Estados Unidos le manifestaron su intención al presidente Gustavo Petro de acogerse a la Paz Total. 

En dicha carta, los extraditables expusieron su posición sobre las consecuencias que habría si sus observaciones no son tenidas en cuenta y no son convocados a una mesa de negociación. “No le tememos a la extradición, le tememos a la indiferencia. Queremos aportar a nuestro país, sin impunidad, pero con justicia, para eso tenemos una Constitución”, manifiestan.

También expresaron su voluntad de paz y de ser parte activa en su búsqueda, incluso se autodenominaron como un “pilar fundamental para el logro de este proyecto”, ya que son una “parte activa de la guerra por diferencias ideológicas”.

En la misiva suscrita por cerca de 300 extraditables, solicitaron ser escuchados “a la hora de realizar la debida implementación de ese proyecto que busca acabar de un solo golpe con el conflicto armado y sus fuentes de financiación”.

En ese sentido, propusieron un cronograma de las actividades para llevar a cabo la socialización de la propuesta, así como la designación de facilitadores de ese proceso para que haya un acercamiento con todos los implicados.

También solicitaron “georreferenciar el conflicto, las rentas ilegales, los generadores de violencia, las comunidades y organizaciones sociales de base, los procesos sociales, las etnias y demás actores regionales que aporten una paz incluyente y social”.

Y añadieron que es necesaria “la vinculación de representantes de las comunidades indígenas, campesinas, afros y demás personas que se encuentren en zonas centrales del conflicto armado”.

Por otra parte, plantearon “presentar las propuestas recogidas por los delegados por el Gobierno, los garantes de países extranjeros y las organizaciones nacionales e internacionales que fungirán como veedores del proceso”.

Y finalmente expusieron “la necesidad de la participación de la sociedad civil, las organizaciones sociales y los grupos indígenas, afros, campesinos y la comunidad internacional para que verifiquen el cumplimiento”.