Fiscalía acusa a exalcalde de Tunja y a tres personas más por contratos irregulares

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, y a otras tres personas por presuntas irregularidades en la celebración de contratos de prestación de servicios que habrían tenido como objetivo lograr que se retirara una demanda en su contra.

Junto al exmandatario también fueron acusadas la exdirectora de Contratación del municipio, Luz Mila Acevedo Galán; la exgestora social, Sara Catalina Pedraza Canaría; y el particular Miguel Ángel Ruiz Suárez. Según la investigación, todos habrían participado en un acuerdo para vincular a un abogado a la administración municipal con fines distintos a los establecidos legalmente.

Estos funcionarios son señalados por intentar 'comprar' el silencio de un abogado. Según la Fiscalía, lo vincularon a la Alcaldía a cambio de que retirara una demanda que buscaba tumbar la elección del alcalde en noviembre de 2023.

El fiscal indicó que desde la Alcaldía “se desplegó una serie de actuaciones por parte de varios funcionarios con un objetivo específico. Según explicó, el 2 de febrero de 2024, entre las 7:30 p. m. y las 8:00 p. m., Luz Mila Acevedo y Mikhail Krasnov se comunicaron con Juan Sebastián Ramírez para informarle que no firmarían el contrato, ya que la solicitud de retiro de la demanda solo había sido radicada y el tribunal aún no se había pronunciado. Sin embargo, le habrían advertido que sería contratado en otra entidad de la administración”.

Contratos bajo la lupa

Las autoridades señalan que primero se firmó un contrato en febrero de 2024 por cerca de 19.800.000 pesos, que no llegó a ejecutarse. Más adelante, se suscribió un segundo contrato por 54.285.000 pesos a través de la empresa pública Ecovivienda, con el objetivo de prestar apoyo jurídico y servir como enlace con la Alcaldía.

Sin embargo, los elementos materiales probatorios indican que estos procesos contractuales comenzaron después de presentada la demanda y coincidieron con su posterior retiro, lo que despertó las alertas de los investigadores.

Además, la Fiscalía sostiene que el exalcalde habría ejercido presiones sobre el entonces gerente de Ecovivienda para que firmara el contrato y emitiera un documento que lo excluyera de cualquier responsabilidad.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá “acusó al exalcalde, a los dos exdirectivos de su administración y al particular, de acuerdo con su posible responsabilidad en los hechos investigados, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos”, indicó la Fiscalía.