¿Quién es Gerardo Vega, nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras?

El presidente, Gustavo Petro, designó a Gerardo Vega como el nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura que actualmente dirige Cecilia López. Vega tendrá como principal objetivo impulsar la reforma agraria del gobierno. 

El nuevo funcionario hizo parte del Ejército Popular de Liberación (EPL), sin embargo, tras dejar las armas, se destacó por su trabajo en materia de restitución de tierras y formalización de predios. De hecho, debido a su labor, fue galardonado en 2012 con el Premio Nacional de la Paz.

Vega ha impulsado las políticas y tareas correspondientes al desarrollo de una reforma rural en el país desde la fundación Forjando Futuros. Por lo cual, será fundamental que el funcionario contribuya a la puesta en marcha la reforma agraria que propone la administración de Petro. 

Gerardo Vega es abogado y se ha desempeñado en cargos públicos como consejero presidencial durante el mandato de Ernesto Samper Pizano (1994-1998), coordinador de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y cónsul en Bruselas. 

De igual manera, fue vocero del Polo Democrático Alternativo en Antioquia, departamento desde donde promovió la candidatura presidencial de Carlos Gaviria Díaz. Ante el nombramiento, la ministra López Montaño resaltó que “su experiencia y compromiso con la paz serán determinantes en el cumplimiento de las metas de la entidad”. 

Los retos de Vega en la ANT

Además de impulsar la reforma agraria, Gerardo Vega asumirá otros retos en la dirección de la Agencia Nacional de Tierras. En primer lugar, deberá apoyar la restitución liderada por Gustavo Petro y recuperar predios baldíos que actualmente están en manos de particulares. 

Estas tierras se pondrán a disposición de los campesinos como forma de reparación y con el fin de ‘democratizar’ la tierra, como ha planteado el presidente desde su campaña electoral. Por lo tanto, Vega deberá velar por el cumplimiento de la sentencia SU-288-22 de la Corte Constitucional. 

Este fallo del alto tribunal establece que hay un “grave incumplimiento del régimen especial de baldíos y del deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de tierra de los campesinos”.

La Sala Plena de la Corte revisó 13 tutelas, que incluyen solicitudes presentadas por la Agencia Nacional de Tierras y acciones expuestas por particulares que les fueron negadas las prescripciones adquisitivas del dominio sobre predios rurales, “por existir dudas sobre la naturaleza privada de los bienes al no haberse desvirtuado la presunción de bien baldío contenida en la Ley 160 de 1994?.