Judicializan a cuatro Policías que permitían prostitución infantil en Bogotá

Este domingo 5 de febrero, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer la judicialización de cuatro integrantes de la Policía Nacional, adscritos al CAI Caldas en Kennedy, luego de al valorar el material probatorio presentado por un fiscal de la Seccional Bogotá, este demostrará que los uniformados hacían parte de movimientos criminales en la localidad y eran partícipes de actividades perpetradas por bandas ilegales en la zona.

De acuerdo a la información entregada por la entidad, labores de la policía judicial, entre las que se destacan interceptación de comunicaciones, pusieron al descubierto a los uniformados del CAI quienes serían los encargados de cobrar las altas sumas de dinero que imponían los cabecillas de las organizaciones criminales y que eran cobradas en establecimientos públicos, bares y a vendedores informales.

“Luego del valorar el material probatorio presentado por la Fiscalía, un juez de control de garantías judicializó a cuatro integrantes de la Policía Nacional, adscritos al CAI Caldas en Kennedy, sur occidente de Bogotá”, señaló el ente investigador en su cuenta oficial de Twitter.

Los uniformados fueron identificados como: el intendente Óscar Javier Vanegas y los patrulleros Walder Antonio Orjuela Morales, Johan Manuel Hernández Gordillo, Jairo Alexander Pineda López, quienes están siendo investigados porque, al parecer, permitían la comercialización de estupefacientes en bares y negocios del barrio María Paz de la localidad de Kennedy.

"Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento a los cuatro uniformados capturados; dos de ellos aceptaron su responsabilidad en los hechos imputados", señaló José Manuel Martínez, director Seccional de fiscalías Bogotá.

Además de ser los encargados de cobrar el dinero impuesto por los cabecillas de las organizaciones criminales; se descubrió que los patrulleros “omitían sus deberes frente al control a la venta de licor adulterado, permitían la prostitución infantil y exigían dinero a delincuentes implicados en hurtos”.

Debido a las contundentes pruebas, el juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Orjuela Morales y Molina Salas, mientras que a Vanegas y Pineda les dieron detención domiciliaria como beneficio por aceptar los cargos.