La JEP ordena nuevas medidas para proteger a los excombatientes de las FARC

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó este 21 de septiembre las nuevas medidas para los excombatientes por "la grave situación de seguridad que enfrentan" y que se ha cobrado, según el partido Comunes, la vida de 285 de ellos desde 2016.

Esta decisión, detalló el alto tribunal en un comunicado, hace parte del seguimiento a las medidas cautelares decretadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad el año pasado "para garantizar la vida y seguridad" de los exguerrilleros y el derecho de las víctimas a la verdad.

"La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP adoptó nuevas decisiones encaminadas a robustecer las acciones desplegadas para proteger a los excombatientes y sus familias", agregó la información.

En ese sentido, la JEP ordenó a la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército Nacional y al Comando Conjunto Estratégico de Transición que informen si dentro de la institución existen planes para prevenir la estigmatización de los exguerrilleros que están en proceso de reincorporación.

Igualmente, el Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia debe informar de las actuaciones realizadas para "lograr la reconciliación, la convivencia y la prevención de la estigmatización en el país".

La JEP también vinculó a este proceso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y le solicitó, al igual que la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), que informe "qué medidas específicas han adoptado para la protección de los derechos de las hijas e hijos y las parejas de quienes han sido asesinados".

El alto tribunal también mostró su preocupación porque muchas familias de excombatientes han debido abandonar los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR) por la violencia, lo que los ha dejado en "una situación muy grave de vulnerabilidad que afecta su dignidad humana".

Por ello, la JEP pidió "una protección especial de sus derechos a la vida, la libertad, la salud, la integridad, la seguridad personal, la educación, la vivienda digna y el acceso a proyectos productivos que permitan que tengan un ingreso para su subsistencia".