Revelan pruebas de que la marcha del 27 de septiembre habría sido promocionada con recursos públicos
Según un reconocido medio de comunicación, funcionarios del gobierno habrían sido forzados a asistir a las marchas.
Según un reconocido medio de comunicación, funcionarios del gobierno habrían sido forzados a asistir a las marchas.
El pasado miércoles 27 de septiembre, se llevaron a cabo diversas marchas en la ciudad de Bogotá con el objetivo de apoyar las reformas del presidente Gustavo Petro, y aunque la jornada transcurrió con normalidad, en fechas recientes se reveló que el mandatario habría utilizado recursos del estado para promocionarlas.
De acuerdo con lo manifestado por la revista Semana, tres entidades del Gobierno suscribieron contratos con RTVC para comprar pautas en medios de comunicación, colaboración logística y creación de contenidos audiovisuales con el objetivo de promover la asistencia masiva a las marchas. Las pautas fueron visibles en internet y en horarios de alto rating en radio y televisión.
Según el medio citado, el Ministerio del Interior, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo y el Ministerio de Cultura firmaron contratos por más de 4.000 millones de pesos en pauta publicitaria.
Adicional a esto, se contrató a RTVC para realizar toda la producción audiovisual y la logística. Los contratos por más de 18,000 millones de pesos fueron firmados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Agencia Nacional de Tierras.
En primer lugar, a finales de agosto de este año, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización había suscrito un contrato por 3.300 millones para la preproducción, producción, posproducción y emisión de programas institucionales. En el contrato se estipuló que el 10% del valor, equivalente a 330 millones, iría destinado para recursos técnicos y demás necesidades como sonido, tarima, luces, escenografía, alimentación, etc.
Por otra parte, hace poco la Agencia Nacional de Tierras suscribió otro contrato con RTVC para la planificación y producción de eventos requeridos por las dependencias. No obstante, la Procuraduría estaría investigando sí se habrían usado estos recursos para entregarles gorras, camisetas y comida a los manifestantes el pasado 27 de septiembre.
Por otra parte, un hecho que despertó grandes sospechas fue que la mayor asistencia de personas a las marchas estuvo a cargo de comunidades indígenas, encabezados por entidades como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC); mismas que tendrían multimillonarios contratos con el gobierno.
Por un lado, el CRIC tiene 18 convenios que suman cerca de 79,000 millones de pesos, mientras que la ONIC tiene siete contratos por más de 39,000 millones. En total reciben un poco más de 118,000 millones de pesos por labores relacionadas con el avance de programas con enfoque a las comunidades étnicas.