Masacre de siete indígenas en Putumayo genera el desplazamiento de 120 personas

El departamento de Putumayo es una región con una inmensa riqueza humana, natural y cultural, pero esto poco importa a los grupos armados ilegales que desde décadas han implantado un régimen de fuerza y muerte, gracias, entre otras cosas, a la total desprotección y abandono que los Gobiernos centrales han tendido con este lugar de nuestra geografía.

En Putumayo operan bandas dedicadas a la producción de cocaína y también grupos armados que se dedican a lo mismo, pero además ejercen presión sobre la población e imponen su dominio territorial y armado.

El pasado 25 de diciembre fueron asesinadas 7 personas en una nueva masacre en Puerto Leguízamo y la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos de los Pueblos Indígenas de Puerto Leguízamo (ACILAPP) denuncian que fue autoría de un grupo ilegal armado que ingresó a la comunidad de Bellavista generando el temor entre la población.

El asesinato de 7 miembros de la comunidad indígena del Putumayo no solo ocasionó el terror, sino que además obligó a que 120 personas tuvieran que abandonar sus territorios debido a las amenazas de esta agrupación irregular.

El comandante del Comando Conjunto Número 3 suroriente indicó que las 7 personas fallecidas corresponden al sexo masculino y murieron en enfrentamientos con las disidencias de las Farc que operan en la zona.

En total, fueron 35 familias las que han tenido que emprender camino y buscar un nuevo lugar para asentarse, la Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno nacional hacerse presente en la región y garantizar la vida de las comunidades indígenas que se encuentran a merced del terror de los grupos armados ilegales.

La ACILAPP, solicitó respeto por los pueblos ancestrales y además pidió que una misión humanitaria investigue lo sucedido, que, según la comunidad, se trató de una incursión armada hacia las 3 de la tarde del 25 de diciembre, allí fueron asesinados 7 hombres y otros se encuentran desaparecidos, la Defensoría del Pueblo advierte sobre disputas entre grupos armados que dejan en la mitad a la población, que sufre de pobreza y abandono total por parte del Gobierno nacional y las autoridades.

El Instituto para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), comunicó que esta masacre es la número 94 en el 2021 ante un silencio del Gobierno, que cuando habla, siempre culpa a grupos armados ilegales, pero en la inmensa mayoría de los casos no hay culpables ni responsables, ni mucho menos detenidos pagando ante la justicia.

Las comunidades indígenas de Colombia son perseguidas, violentadas y exterminadas ante el silencio cómplice del Gobierno y las autoridades, junto con la indiferencia de todos los colombianos.