Minería ilegal de oro ha acabado tierras equivalentes a 130.000 canchas de fútbol

La minería ilegal sigue siendo uno de los problemas más graves en Colombia, el que no solo representa una grave situación de orden público, violencia y desplazamiento, sino que también pone en evidencia el alarmante deterioro del medio ambiente. 

Devastación ambiental en aumento

Un informe de inteligencia indica el alto grado de devastación ambiental de la minería ilegal del oro, una actividad que se ha convertido en fuente de enorme riqueza para los grupos armados ilegales. 

De acuerdo con el informe, 94.000 hectáreas, o lo que equivale a 130.000 canchas de fútbol, han sido totalmente devastadas por la minería ilegal en el país. Son tales las ganancias que los grupos armados ilegales están obteniendo cifras cercanas, o incluso superiores, a la actividad relacionada con el narcotráfico. 

La explotación ilícita del oro en Colombia ha afectado aproximadamente 1.120 quebradas y ríos, los cuales están contaminados con mercurio, un elemento altamente nocivo para los seres humanos y que muchos pueblos tienen vertidos sobre sus fuentes hídricas. 

Mercurio en el agua

Los ríos Amazonas, Mira, Atrato, Cauca y Putumayo, muestran altos índices de mercurio que a su vez perjudica al medioambiente en general. La actividad de la explotación ilegal de metales preciosos se registra en zonas en donde el estado tradicionalmente ha mantenido ausencia y también en lugares con una geografía difícil para su acceso.

La minería ilegal del oro contempla tres formas de extracción, la primera con minas de superficie o a cielo abierto en donde se remueven grandes masas de tierra, la segunda es la minería de socavón con excavaciones subterráneas, y la tercera, la minería submarina o de dragado, en donde los lechos de los ríos y quebradas son intervenidos con maquinaria pesada.

El informe de inteligencia asegura que por lo menos 20 departamentos del país se han visto afectados con la minería ilegal impactando el medioambiente de 181 municipios aproximadamente. 

El oro tiene precios cercanos a los 162 dólares por gramo, lo que convierte a este tipo de explotación en una permanente tentación para los grupos ilegales armados y las redes de contrabando del mineral que operan en todo el territorio nacional.

Actualmente, el 85% de la extracción de oro en Colombia es de carácter ilegal y de acuerdo con los estudios, las ganancias que pueden obtener los grupos ilegales armados se encuentran entre los 8.000 millones de dólares, una cifra determinada para el 2025, lo cual ha permitido su expansión y que prefiere la utilización de maquinaria pesada para evitar menos esfuerzo, pero este tipo de trabajo destruye los ríos y la tierra fértil.

Enclaves del oro en Colombia

Los enclaves mineros ilegales en Colombia se encuentran en Antioquia, el sur de Bolívar y Córdoba, en donde el ELN, las estructuras de Iván Mordisco y el clan del Golfo tienen en la extracción del oro una de sus principales rentas.

Una segunda zona abarca los territorios del Chocó y Caldas, departamentos en los que el ELN y el clan del Golfo dominan la operación.

Una tercera zona se encuentra en Cauca, Nariño y el Valle del Cauca, allí las disidencias de Iván Mordisco controlan la actividad.

La cuarta zona corresponde a los departamentos de Amazonas y Putumayo y una quinta zona, el departamento de Guainía, en donde el ELN y la Segunda Marquetalia imponen sus leyes.

Finalmente, una zona seis comprende áreas de Boyacá, Santander y Norte de Santander, territorios en los que el ELN y las disidencias de Iván Mordisco son las encargadas de dominar la operación. 

Expertos coinciden en que el aumento de la minería ilegal en Colombia corresponde a factores como la alta cotización internacional en el precio del oro, la escasa o nula presencia del gobierno nacional en regiones periféricas y la adaptación constante de los grupos criminales. 

Economía y medioambiente en riesgo

El negocio de la explotación ilegal del oro ha generado un modelo de negocios bien estructurado que impacta la seguridad nacional, la estabilidad económica de amplias zonas del país y, especialmente, un deterioro constante del medio ambiente. 

En los últimos años, el gobierno de Gustavo Petro ha realizado una importante incautación de dragas, sin embargo, las capturas de personal han caído y muchos de los capturados terminan libres debido a que los delitos ambientales actualmente implican cargos menores.

El reto para el próximo gobierno es enfrentar decisivamente la explotación ilegal del oro que se ha convertido en un verdadero cáncer para el país y que de manera silenciosa está contaminando los ríos y acabando con las tierras productivas.