Solicitan mesa de diálogo para abordar minería ilegal y secuestro de soldados en el Valle

La minería ilegal es uno de los grandes problemas del país que tiene enormes alcances sociales, esta actividad cuanta con miles de personas explotando el medio ambiente con un enorme costo para este, y en gran medida, son los grupos armados ilegales los dueños de la producción de diferentes minas en varios departamentos de Colombia.

El secuestro de soldados en el área de los Farallones de Cali en el departamento del Valle del Cauca ha puesto de manifiesto la gravedad del problema de la minería ilegal, porque lo que algunos llaman secuestro y otros, retención, para apelar a la retórica, se efectuó como respuesta a los operativos de la fuerza pública que bajo órdenes superiores del Gobierno Nacional combate la actividad ilícita de explotación minera.

Con respecto a esta problemática, el defensor regional del Pueblo, Gerson Vargas, desde la vereda Peñas Blancas del corregimiento de Pichindé, solicitó una investigación de los hechos en los que cerca de 30 soldados fueron secuestrados por campesinos de la región, pero también por los civiles heridos y el fallecimiento de uno de ellos en este confuso caso.

El funcionario afirmó también que la zona de los Farallones de Cali, una extensa zona natural de gran importancia para el equilibrio ambiental de la región, se ha visto afectada por la explotación minera de carácter ilegal, lo cual no solo ha causado enormes perjuicios al medio ambiente, sino también problemas de índole social y de seguridad.

“Esta es una zona que tradicionalmente ha sido objeto de minería ilegal, la situación que ocurrió entre la comunidad, debe ser investigada y esclarecida en aras que exista justicia”, manifestó el defensor Vargas.

Mesa de diálogo

El defensor regional Gerson Vargas solicitó el establecimiento de una mesa de diálogo en la región con miras a conocer la situación de la minería social, su efecto en la población, en la seguridad de la zona y posibles acciones para abordar la delicada situación.

“Una mesa humanitaria que permita atender, gestionar y resolver las situaciones que se están presentando en la zona. La comunidad tiene un alto nivel de tensión (…) La institucionalidad está dispuesta a atender con el fin de canalizar una mesa que permita atender temas estructurales, estamos hablando de un tema de minería ilegal que impacta negativamente el medioambiente, pero también las condiciones sociales que vive la comunidad de este sector”, afirmó Gerson Vargas.

Del grupo de 30 soldados que inicialmente fueron secuestrados, 6 quedaron en poder de la comunidad campesina compuesta por más de 100 personas, mientras que los restantes fueron dejados libres, y ante la mediación de la Defensoría del Pueblo, se les permitió regresar a su instalación militar.

Un operativo de interceptación de tractocamiones con materiales y herramientas para la minería ilegal en esta zona del Valle del Cauca desató la furia de mineros y campesinos dedicados a esta actividad ilegal en la zona, por lo que en masa se enfrentaron a la fuerza pública con palos, piedras y machetes, los soldados denuncian haber sido atacados y golpeados, mientras que entre el grupo de civiles una persona falleció y 4 resultaron heridas.

La administración de Gustavo Petro se ha manifestado en contra de la minería ilegal, pero el problema para combatirla es que cada vez que hay un operativo en su contra, la comunidad campesina se enfrenta y retiene a la fuerza pública, según el Gobierno y las autoridades, alentada por los grupos armados ilegales.