SAE explica qué pasará con Lili Pink y sus empleados tras proceso de extinción de dominio

Tras las recientes diligencias judiciales, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) emitió este miércoles un comunicado oficial para explicar cómo asumirá el control de la compañía Lili Pink y qué pasará con sus empleados.

La SAE aclaró que, por ahora, se encuentra acompañando el proceso de incautación que lidera la Fiscalía General de la Nación. Una vez el ente acusador termine formalmente con estas diligencias en el marco del proceso de extinción de dominio, la marca pasará oficialmente a manos de la SAE.

“Una vez la Fiscalía culmine el proceso de incautación, la SAE asumirá la administración de los bienes objeto de las diligencias, conforme a lo establecido en la normativa vigente”, indicó la entidad.

Prioridad: Que la empresa no muera

Uno de los mayores temores ante este tipo de procesos es que las empresas se detengan o pierdan valor. Sin embargo, la SAE fue enfática en que su plan busca todo lo contrario: “El plan de administración que eventualmente se adopte dependerá del diagnóstico integral que realice la entidad sobre el estado financiero, contable, contractual, laboral y la capacidad productiva de la marca, con el propósito de garantizar la sostenibilidad de la operación y la protección del valor de los activos”.

Garantías para los trabajadores de Lili Pink

Para tranquilidad de los más de 2.000 colaboradores de la marca, la entidad informó que ya se han adelantado reuniones con el Ministerio de Trabajo. El propósito es evaluar de cerca la situación de los empleados y asegurar que sus derechos laborales no se vean afectados durante el proceso de administración estatal.

En ese sentido, la presidenta de la SAE, Amelia Pérez, afirmó que “las directivas de la sociedad Lili Pink supieron de las diligencias que se iban a realizar por parte de la Fiscalía y dejaron abandonadas a su suerte a las empleadas que allí se encontraban”.

Para evitar ruidos en el proceso, la SAE solicitará el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría. Con esto, buscan que la auditoría y la transición administrativa sean lo más transparentes posible, verificando en qué estado real reciben la sociedad.

Finalmente, la entidad reiteró “su compromiso con la administración eficiente, transparente y responsable de los bienes del Estado, orientada a su uso social y a la generación de valor para el país”.