Nueva EPS, Famisanar y Sanitas podrían ser liquidadas por problemas financieros

Para nadie es un secreto que el sistema de salud colombiano se enfrenta a un momento decisivo en 2025, y en el centro del debate se encuentran tres de las EPS más relevantes del país: Sanitas, Famisanar y Nueva EPS, cuyas situaciones financieras las tienen al borde de la liquidación.

El impacto de una posible desaparición de estas entidades sería monumental, no solo por el volumen de usuarios que atienden, sino por las consecuencias directas en la prestación de los servicios de salud a millones de colombianos.

Uno de los casos más complejos es el de Famisanar, que desde septiembre de 2023 se encuentra bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. Este proceso, que inicialmente buscaba una solución a los problemas financieros y administrativos de la EPS, ha sido prorrogado hasta septiembre de 2025.

La razón: los múltiples incumplimientos financieros que continúan poniendo en riesgo la atención de más de 2,8 millones de afiliados. Las cifras son alarmantes: un capital mínimo negativo que supera los -1,5 billones de pesos y un patrimonio adecuado en rojo por casi -2 billones. Además, la entidad acumula cientos de contratos sin liquidar y un crecimiento de más del 11 % en las quejas por fallas en la atención.

En paralelo, Nueva EPS, la aseguradora con mayor número de afiliados en el país, tampoco logra superar la crisis. La entidad enfrenta deudas que sobrepasan los 5 billones de pesos con prestadores de servicios médicos. Por ende, la Contraloría General del Magdalena, ante la gravedad de la situación, presentó una acción popular que exige medidas urgentes para proteger el derecho a la salud de los afiliados.

Entre las peticiones destaca la necesidad de un plan de reorganización institucional y el diseño de un proyecto de ley que permita el saneamiento financiero de la EPS. De no lograrse un giro positivo, el país enfrentaría el desafío de trasladar a cerca de 11 millones de afiliados a otras aseguradoras, un proceso complejo y de alto riesgo para el sistema.

Por su parte, Sanitas, con más de 5,7 millones de usuarios, sigue bajo intervención estatal. A pesar de los esfuerzos, los problemas financieros persisten y la empresa se encuentra en un proceso de disputa internacional por lo que consideran una expropiación indirecta. En consecuencia, la preocupación por la  sostenibilidad de Sanitas es cada vez mayor, y su posible liquidación representaría un duro golpe para el sector salud. 

Así las cosas, el futuro de estas EPS es incierto, y si bien las autoridades buscan evitar la liquidación, los profundos problemas económicos y administrativos hacen que esta medida sea cada vez más posible, generando gran incertidumbre entre los usuarios y los prestadores de servicios en todo el país.