Álvaro Uribe y su esposa enfrentan un pleito judicial por presuntamente apropiarse de baldío del Estado

El Espectador reveló una investigación adelantada por el proyecto Colombia +20 del diario. Allí se dio a conocer que el expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrenta un pleito judicial por cuenta de una decisión jurídica emitida el 28 de julio por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que concluye que el predio conocido como El Laguito 2 y propiedad del exmandatario tiene “naturaleza jurídica de bien baldío”.

Es decir, ese terreno sería propiedad del Estado, por lo que solo podría adjudicarse a comunidades indígenas, campesinas o afrocolombianas. Así lo confirmó la Agencia Nacional de Tierras (ANT) quien estableció que El Laguito 2 no cuenta con títulos legítimos, de ese modo, se pedirá recuperarlo para ponerlo a disposición del Estado.

Para entender de que se trata, resulta que para agosto de 2020, Vorágine se encontraba realizando una investigación sobre un terreno de origen baldío que estaba en manos de El Ubérrimo S.A.S., empresa que administra las tierras de la familia del expresidente Álvaro Uribe Vélez y que tiene como representante legal a la señora Lina Moreno, esposa del exmandatario.

De acuerdo con la ardua investigación realizada por el equipo periodístico del medio, se pudo conocer que lo anterior se trataba de algo desconocido hasta ese momento para la opinión pública. 

“Según dos instancias judiciales, El Ubérrimo S.A.S. había usufructuado desde hacía más de siete años un lote de 3.400 metros cuadrados conocido como El Laguito 2 que pertenecía a la Nación. Moreno de Uribe, sin embargo, adelantó acciones para quedarse definitivamente con el terreno”, precisó Vorágine.

Es decir, para septiembre de 2020 Vorágine mostró que la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S. hizo ocupación y explotación del terreno de El Laguito 2 desde 2012. En 2019, Lina Moreno de Uribe buscó la manera de declarar la propiedad por posesión del Laguito 2 por prescripción de dominio, tras cumplirse los siete años estipulados por la ley. 

De ese modo, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cereté solicitó suspender el trámite, sosteniendo que esto podría tratarse de un terreno baldío de la nación y, por lo tanto, no podía adjudicarse utilizando dicho mecanismo.

Así las cosas, para septiembre del 2020 Vorágine informó que trató de comunicarse con la esposa de Uribe sin obtener respuesta de su parte, sin embargo, el expresidente se comunicó con un periodista a quien le comentó la situación sobre las denuncias que se estaban haciendo y en uno de los diálogos se escucha decir al expresidente lo siguiente: 

“El favor que te pido Juan Pablo es que nosotros tenemos toda la voluntad para que ustedes puedan hacer el seguimiento y no tengan que hacer esfuerzos investigativos, nosotros les decimos todo, déjenme que el doctor Mendoza adelante este proceso”, expresó Uribe.

Seguido de lo anterior el expresidente insistió en que no quería que la historia saliera a la luz. “Por qué me van a sacar eso”, exclamó Uribe a los periodistas Juan Pablo Barrientos y José Guarnizo. En otro aparte precisó: “Eso me genera un escándalo en este momento”.

“En otras palabras, según la ley, no importa que la familia de Uribe haya usufructuado el lote durante varios años, e incluso pagado sus impuestos, pues por ser un baldío su disponibilidad le corresponde a la Nación (y a la Agencia Nacional de Tierras, para ser más precisos)”, explicó El Espectador.

Finalmente, ante la reveladora investigación realizada por Vorágine y El Espectador, el pasado viernes la Corte Constitucional debía emitir una decisión relacionada con la administración de terrenos baldíos desde 1940, sin embargo, el proceso no avanzó, por lo que el debate continuará en los próximos días.