Choque entre Gobierno y Consejo de Estado ante reforma a la justicia

En el primer gran ‘choque’ entre el Gobierno y el Consejo de Estado en desarrollo de la discusión de la reforma a la justicia, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que es poco viable la propuesta del Consejo frente al presupuesto de la Nación.

Aunque Vargas admitió que uno de los asuntos centrales de la reforma es garantizar un mayor presupuesto para la rama y “el Gobierno es consciente de eso”, no se puede dar ese monto del presupuesto a la justicia.

“Hay que tener en cuenta que la propuesta del Consejo de Estado eleva a $8.8 billones el incremento que habría que hacerle a la rama entre un año y otro…es un incremento de más del 500%”, aseguró.

El Gobierno ve “muy difícil” acoger una propuesta de impacto anual de estas dimensiones. “Pasar de dos billones a 8.8 billones de pesos entre una y otra vigencia fiscal es muy complejo que las finanzas de la nación lo resistan”, explicó.

Vargas le recordó al Consejo de Estado que hace varias semanas trajo el proyecto que reglamenta la tarifa del arancel judicial y para el proyecto de presupuesto de 2012 va a hacer un esfuerzo “sin precedentes”.

La propuesta del Consejo

El Consejo de Estado sentó este martes sus puntos de vista sobre la mejor reforma a la justicia que requiere el país.

Cuando el Senado dio inicio a la discusión del acto legislativo, el presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, exigió garantías presupuestales para la justicia.

El magistrado consideró que al menos un 5% del total del Presupuesto de la Nación debe ser destinado a la rama judicial, sin incluir ese monto los recursos girados a la Fiscalía.

Según él, la autonomía de la justicia debe iniciar desde el hecho de “no rogar” por partidas presupuestales adicionales para la rama.

Además, para Fajardo la descongestión judicial también se da desde los recursos propios para poder agilizar los procesos.

El Consejo de Estado señaló que la única manera de dotar de jueces de manera permanente a la justicia es contar con suficientes recursos.

Actualmente, hay cerca de dos millones de procesos judiciales represados en los despachos judiciales a la espera de ser fallados. 

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