Modelo colombiana, Valentina Forero, se declara culpable por lavar 31 millones de dólares en EE. UU.

Hace un par de días se dio a conocer que la modelo colombiana Valentina Forero Álvarez, se declaró culpable ante una corte federal del Distrito Norte de Georgia, en Estados Unidos, por liderar una compleja red internacional de lavado de dinero vinculada al narcotráfico. 

Durante una audiencia celebrada el pasado 9 de febrero de 2026, la mujer de 33 años y oriunda de Armenia (Quindío), reconoció su participación en la organización criminal que movilizó más de 31 millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense. 

Por su parte, las autoridades federales aseguraron que Valentina Forero dirigió una estructura que utilizaba mensajeros, principalmente colombianos con visas de turista, para recoger grandes sumas de dinero en efectivo y depositarlas en pequeñas cantidades en bancos de al menos 15 estados del país, entre ellos Georgia, Florida, Texas y California.

Forero fue capturada en noviembre de 2023 en su ciudad natal y extraditada a Estados Unidos en mayo de 2025, donde permanece bajo custodia federal. Ahora enfrenta una posible pena de hasta 20 años de prisión, así como multas que pueden duplicar el valor de los fondos lavados, además de la confiscación de los bienes vinculados al caso. 

La sentencia está programada para el 20 de mayo de 2026 ante el juez federal Steven D. Grimberg.  
Según la investigación, los depósitos eran inferiores a los 10.000 dólares para evitar los controles bancarios, y luego el dinero era transferido a cuentas vinculadas a empresas fachada o personas sin capacidad económica real. 

Según se detalla, en algunos casos los mensajeros transportaban el efectivo en cajas de zapatos y bolsas de compras antes de consignarlo. 

Una vida de lujos

La Fiscalía General de la Nación de Colombia dio a conocer que intervino 12 bienes relacionados con Valentina Forero en el país, con un avalúo superior a 7.300 millones de pesos. Entre estos se encuentran seis inmuebles, tres vehículos y tres establecimientos comerciales ubicados en Armenia, Cali, Sevilla y Jamundí. 

Las autoridades colombianas identificaron que estos bienes estaban registrados a nombre de empresas de fachada, familiares o allegados sin capacidad económica para justificar su adquisición. 

Este caso ha sido calificado por las autoridades como un golpe importante al lavado de activos y al uso indebido del sistema financiero para ocultar ganancias de narcotráfico operando entre Colombia y Estados Unidos.