Consecuencias del crecimiento vertiginoso de la deuda colombiana

En marzo de 2018 el peso cotizó a 2.781 por dólar; para esa misma fecha en este año llegó a 3.175 pesos y ahora oscila entre 3.400 y 3.500 pesos, es decir que marcó una depreciación del 23 % con respecto al año anterior. Esto significa que hoy se deben entregar cerca de 650 pesos más por cada dólar que se compre, y claro, con esto lo que aumenta sin parar es el costo de la deuda externa, que está en dólares.

Esta situación afecta especialmente la deuda externa, independientemente de que el titular sea del sector público o del privado. En marzo de 2018 la deuda contratada por las dos clases de empresas con el sistema financiero internacional ascendía a 126.000 millones de dólares (38,1 % del PIB), de los cuales el 58 % era pública y el 42 % privada. Si este valor se compara con el de junio de 2019, se tiene que el saldo de deuda aumentó en 8.119 millones de dólares, al situarse en 134.119 millones de dólares (41,6 % del PIB). La composición para junio de 2019 era de 54 y 46 %, respectivamente.

De dicho aumento de la deuda externa colombiana, 8.280 millones de dólares corresponden al sector privado, lo que quiere decir que en el público la deuda disminuyó en 161 millones de dólares. Cabe anotar que las obligaciones contraídas con el sistema financiero internacional se realizan en monedas “duras” o monedas que se intercambian libremente entre los diferentes agentes (dólares o euros, por ejemplo).

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Al cuantificar la deuda privada externa en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM), se puede observar que esta aumentó en cerca de 50 billones de pesos, mientras que la pública lo hizo en 31 billones de pesos. El aumento del nivel de deuda contabilizada en moneda nacional tiene un efecto negativo tanto en la hoja de balance de las empresas como en sus expectativas a la hora de realizar inversiones de mediano y largo plazo.

En estos momentos la situación financiera de las empresas es menos sólida que hace un año, y ante las posibilidades de una recesión económica, las dificultades se profundizan e incluso se podría llegar a incumplir con las obligaciones contraídas.

Esto mismo sucede con la deuda en cabeza del Estado. Un aumento en los saldos de la deuda pública impacta el flujo de recursos tanto por concepto de amortizaciones o liquidaciones como por el pago de intereses; los cuales, conforme a las exigencias legales, se deben incluir en los pagos a realizar a través del Presupuesto General de la Nación.

La deuda, por partes

Al observar sectorialmente los componentes de la deuda pública colombiana, se puede confirmar que el Gobierno nacional es el agente sobre el cual recae el monto mayor del endeudamiento.

A junio de 2019 la deuda del sector público no financiero –definido por el Banco de la República como las entidades de la seguridad social, el sector eléctrico, los establecimientos públicos nacionales, el sector público regional y local, las empresas municipales y departamentales, entre otras– ascendió a 586 billones de pesos. De estos, el 62 % corresponde a deuda interna y el 38 % a deuda externa, concentrándose en el 85 % en el Gobierno nacional y el 15 % en las demás entidades de este sector. De igual manera, en cabeza de la nación se encuentra el 92 % de la deuda pública interna y el 73 % de la externa.

El crédito ha sido la respuesta del Estado para refinanciar las deudas internas y externas. Crédito: UNIMEDIOS

Partiendo de estos datos, la sostenibilidad de la deuda pública dependerá del “superávit primario” del Gobierno nacional (ingresos tributarios menos gastos primarios o gasto total sin servicio de la deuda), de la tasa de interés interna y externa, del tipo de cambio, entre otras variables que, dado el contexto de fuga de capitales que actualmente experimenta la región, no permiten cálculos optimistas. Estas variables se deben cruzar con el aumento de los ingresos tributarios, que, a su vez, dependen del crecimiento económico que no llega a los niveles que requiere la coyuntura económica.

Estos ingresos fiscales se podrían aumentar mediante reformas tributarias, pero ocurre que las últimas realizadas han mantenido la línea de continuidad regresiva que desde hace décadas se viene implementando en el país y que consiste en disminuir la tarifa impositiva y aumentar los beneficios fiscales a los grandes capitales, lo cual producirá una caída en el nivel de recaudo.

Así, mientras el gasto público crece inercialmente tanto por la vía de las transferencias como por el servicio del endeudamiento, se profundiza el problema estructural que tienen la hacienda pública colombiana, que es el de la diferencia entre las necesidades en la implementación de políticas públicas diseñadas en el presupuesto, y los recursos corrientes con los que cuenta.

En el gráfico se puede ver la evolución de las apropiaciones presupuestales de la nación y de sus ingresos corrientes (% del PIB), lo que afecta el gasto social, aumentando la desigualdad en un país que presenta una gran concentración del ingreso.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Cerrar esta brecha solo es posible mediante un Nuevo Pacto Fiscal que incluya un aumento de los ingresos por dos vías: la primera, la reducción de los beneficios fiscales de los que gozan tanto las empresas como las personas naturales más ricas del país, cuyo valor asciende a cerca de 10 billones de pesos anuales; y por la otra, aumentando tanto las bases gravables y las tarifas impositivas como el impuesto al patrimonio para personas naturales y jurídicas, lo que posibilitaría obtener un sistema tributario progresivo conforme lo define la propia Constitución Política de Colombia.

Este Pacto Fiscal debe contemplar la creación de una auditoría de la deuda pública con participación de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, de las universidades y la academia en general, de parlamentarios y personalidades interesadas, como ha ocurrido en otros países, auditoría soportada en el derecho a la información que tienen los ciudadanos sobre los documentos que respaldan las actuaciones de los Gobiernos. Este derecho ha sido reconocido en convenios internacionales y en la Carta Magna vigente en el país.

Detectar, por ejemplo, los contratos asimétricos, es decir aquellos que no tienen un compromiso contractual con el consumidor, como los posibles responsables de los egresos fiscales resultados de la corrupción, puede ser el primer paso de este mecanismo participativo que enfrentaría la impunidad clientelar y democratizaría, además, las decisiones presupuestales.

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