Gobierno convoca movilizaciones tras suspensión judicial del aumento del salario mínimo

El cese temporal provisional del decreto que fijaba el salario mínimo para este año abrió un nuevo choque entre el Gobierno y las altas cortes. La decisión fue asumida por el Consejo de Estado, que dispuso dejar sin efectos el incremento del 23,7 % mientras se revisa con cautela la legalidad de la medida.

El fallo indica que el Ejecutivo deberá emitir, en un plazo no mayor a ocho días, un nuevo decreto transitorio adaptado a criterios técnicos y macroeconómicos. El incremento suspendido llevaba el salario mínimo a dos millones de pesos, cifra que el Gobierno había expuesto como un avance en la recuperación del poder adquisitivo.

Desde la Casa de Nariño inició de inmediato la evaluación de los pasos a seguir. El presidente Gustavo Petro solicitó a sus ministros y a los sectores que respaldan su proyecto político salir a las calles para proteger lo que denomina el “salario mínimo vital”. En su pronunciamiento, afirmó que detener el decreto afecta directamente a los trabajadores y cuestionó la interpretación del alto tribunal.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó la elección como desproporcionada y aseguró que el Gobierno acudirá a todos los recursos legales disponibles. También informó reparos frente al momento del fallo, al indicar que, según su lectura, aún estaba vigente el plazo para entregar explicaciones técnicas ante la corporación.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, comunicó que se presentará un recurso de reposición con el fin de revertir la suspensión o, al menos, disminuir su impacto. El funcionario relacionó el episodio con la necesidad de consolidar mayorías afines en el Congreso, en medio del momento preelectoral.

El debate trascendió rápidamente al lado institucional. El dirigente político Roy Barreras convidó a movilizaciones para apoyar el aumento decretado por el Ejecutivo. A ese llamado se unió la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que animó al presidente a expedir una vez más el decreto bajo las mismas condiciones, sustentando que el aumento es clave para proteger el ingreso de los trabajadores.

Las protestas podrían realizarse en distintas ciudades del país en los próximos días. Sus promotores insisten en que la polémica no es solo técnica, sino social, pues según afirman el ajuste del salario responde a la necesidad de enfrentar el costo de vida y la inflación.

Mientras tanto, expertos en derecho constitucional alertan que el proceso apenas inicia. La suspensión es una medida cautelar y no conlleva una decisión definitiva sobre la legalidad del aumento. El Gobierno deberá respaldar con mayor detalle los fundamentos económicos del porcentaje fijado y el alto tribunal examinará  si estos cumplen con los criterios exigidos por la normativa vigente.

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En paralelo, la coyuntura se cruza con el calendario electoral. A pocas semanas de las elecciones legislativas y consultas internas, la polémica se ha convertido en un eje central del debate político. El pulso entre Ejecutivo y poder judicial no solo definirá el monto del salario mínimo para este año, sino que también marcará el tono de la campaña y la potencia del discurso oficial sobre un presunto “bloqueo institucional”.

De fondo, la discusión refleja una inquietud más grande sobre los límites y competencias de cada rama del poder público. El resultado del caso podría sentar un precedente importante en materia de política salarial y equilibrio institucional, en un país donde las decisiones económicas suelen tener consecuencias directas en la estabilidad política y social.