Colombia.com Bogotá Miércoles, 30 / Ago / 2017

ONU: Venezuela, escenario de ejecuciones extrajudiciales

Las Naciones Unidas denunció el uso de "descargas eléctricas, prácticas de suspensión por las muñecas durante largos periodos, asfixia con gas y amenazas de muerte o amenazas de violencia sexual".

ONU: Venezuela, escenario de ejecuciones extrajudiciales
Foto: AFP

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU afirmó este miércoles que la democracia en Venezuela "apenas está viva, si todavía está viva", al presentar un informe que acusa al gobierno venezolano de "reprimir el disenso político e infundir temor en la población".

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) hizo estas declaraciones en la presentación de un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, principalmente sobre la represión de las manifestaciones de la oposición.

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"El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados", reitera el texto.

Según el Ministerio Público venezolano, citado en el documento, 124 personas murieron durante estas protestas, entre el 1 de abril y el 31 de julio. 

Para el ACNUDH, 46 de estos fallecidos eran manifestantes que murieron presuntamente a manos de las "fuerzas de seguridad" y 27 fueron abatidos supuestamente por los grupos armados progubernamentales conocidos como "colectivos". Añade que los autores de las otras muertes no fueron todavía identificados.

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Asimismo, Zeid advirtió que la crisis económica y social persiste y que las tensiones políticas cada vez mayores podrían empeorar la situación del país. 

Durante la presentación del informe, Zeid también puso de relieve los "tratamientos degradantes asimilables en ciertos casos a la tortura" que figuran en el documento. En el texto denuncia el recurso a "descargas eléctricas, prácticas de suspensión por las muñecas durante largos periodos, asfixia con gas y amenazas de muerte o amenazas de violencia sexual".

Puesto que las autoridades venezolanas se negaron a que investigadores de la ONU entraran en el país, Zeid encargó a un equipo de especialistas en derechos humanos que entrevistaran a distancia, entre el 6 de junio y el 31 de julio de este año, a cerca de 135 víctimas y sus familias, así como a testigos, periodistas, abogados, médicos y miembros del Ministerio Público. 

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Los autores del documento aseguran, citando a oenegés locales, que más de 5.000 personas fueron detenidas a partir del 1 de abril, de las cuales más de mil permanecían aún encarceladas el 31 de julio. 

Según el organismo, en la primera mitad de abril, "la mayoría de los manifestantes fueron atendidos por intoxicación causada por gases lacrimógenos", mientras que en julio varias personas fueron tratadas tras recibir heridas de bala. 

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El Alto Comisionado también denunció los ataques perpetrados por las fuerzas de seguridad contra periodistas y empleados de medios de comunicación para impedirles que cubrieran las manifestaciones.

"Manifestantes y periodistas fueron calificados de enemigos o de terroristas por las autoridades, palabras que no contribuyeron en absoluto a calmar el clima de violencia y de polarización", afirmó el informe.

El informe pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que examine "la posibilidad de adoptar medidas para evitar un mayor deterioro de la situación de los derechos humanos" en Venezuela, un país miembro de dicho Consejo. 

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