Persiste la violencia armada en Colombia pese a cinco años del Acuerdo de Paz

Han pasado poco más de cinco años desde que el gobierno del entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC tras varios años de accidentada negociación en la Habana, Cuba. 

Este documento se suscribió el 26 de septiembre de 2016 en un evento al que asistieron personalidades internacionales, encabezadas por el propio secretario general de la ONU, pese a la victoria electoral del “No” en el plebiscito. 

Esto último obligó al gobierno Santos a renegociar y modificar ciertos puntos de los acuerdos con quienes promovieron el NO, llegando a un acta definitiva el 12 de noviembre de 2016, firmados por ambas partes con estas modificaciones el 24 de ese mismo mes. El nuevo texto fue ratificado por el Senado de Colombia y la Cámara de Representantes, el 29 y 30 de noviembre. 

A su vez, el expresidente Juan Manuel Santos recibió el Premio Nobel de la Paz 2016, luego de que el comité noruego galardonara su papel en la terminación de un conflicto de 52 años con la guerrilla de las FARC. 

Diversos sectores políticos, sociales y económicos criticaron la decisión del Estado al suscribir el Acuerdo de Paz, desconociendo el dictamen de las urnas en donde la mayoría de ciudadanos mostraron su desacuerdo con las negociaciones, pues el conflicto armado en el país ha dejado huellas imborrables e imperdonables en las víctimas. 

Efectivamente, los efectos se vieron reflejados en distintos escenarios, uno de los más destacados fue el triunfo del actual presidente Iván Duque en 2018, teniendo en cuenta que en su campaña electoral prometió reformar todo el pacto, disminuyendo las prebendas jurídicas y políticas a los desmovilizados y cabecillas de las extintas Farc.

Ahora bien, aunque se prometía un panorama en Colombia libre de violencia una vez y cesara el conflicto armado, lo cierto es que existen otros responsables de delitos de lesa humanidad en Colombia como los grupos armados ilegales, agentes del Estado, paramilitares, entre otros. 

De acuerdo con los datos de Centro Nacional Memoria Histórica, desde 1958 hasta el 2021, el conflicto armado ha dejado 419.931 personas afectadas en 359.247 casos. De ese total, 129.957 colombianos fueron víctimas de alguna guerrilla en 117.738 situaciones. 

Estas cifras representan el 31,4% de los casos globales, sin embargo, los grupos paramilitares también han ocasionado 131.872 víctimas en 102.702 hechos en lo corrido de estos 63 años, lo cual significa un 28,6% de los sucesos. 

A estos dos factores de la violencia le siguen 84.653 casos (23,6%) cuyos responsables no han podido ser identificados y han dejado 88.957 personas afectadas, así como 43.560 situaciones (12,1%) en las que 58.629 colombianos sufrieron vulneración de sus derechos a manos de agentes del Estado. 

De igual manera, grupos armados no identificados fueron los responsables de 37.062 casos (10,3%), en los cuales 41.419 personas sufrieron los estragos del conflicto armado, mientras que las bandas posdesmovilización son autoras de 10.553 casos de violencia (2,9%), causando 12.673 víctimas. 

Con respecto al tipo de crímenes, los asesinatos selectivos lideran la lista con 154.200 sucesos, desaparición forzada con 68.606, acciones bélicas con 36.967, secuestro con 31.258, daño a bienes civiles con 21. 293 y reclutamiento y utilización de menores de edad con 16.982. 

Entre tanto, el departamento que más ha sufrido la inclemencia de la violencia desde 1958 hasta el 2021 ha sido Antioquia con 98.572 casos, seguido por Norte de Santander con 17.978, Meta con 17.554, Santander con 17.932, Cesar con 16.583 y Valle del Cauca con 15.495. 

Cabe destacar que, según el Centro Nacional Memoria Histórica, del total de estas cifras globales, han ocurrido 4.327 hechos violentos desde 2017, después de que se concretó el Acuerdo de Paz. En este escenario, Cauca ha sido el lugar más afectado con 639 casos, seguido por Antioquia con 593, Norte de Santander con 530, Nariño con 470 y Chocó 233.

Entre el 2017 y el 2021, han ocurrido 1.865 asesinatos selectivos, 1.165 acciones bélicas, 500 explosiones de minas antipersona, 300 daños a bienes civiles, 180 secuestros y 134 desapariciones forzadas. 

De este total de casos, 1.294 fueron perpetrados por guerrillas como el ELN, 1.126 por autores que aún no han sido identificados por las autoridades, 1.099 por agentes del Estado, 1.080 por grupos armados no identificados y 738 por grupos posdesmovilización. 

Evidencias  

Las fracturas en el Acuerdo de Paz, cinco años después de su firma, se hacen cada vez más notorias. Lo primero a tener en cuenta son las pocas coincidencias entre partidarios y detractores del pacto, ya que no se ha podido dar por terminado el conflicto armado de manera definitiva. 

Uno de estos factores es el recrudecimiento de actos violentos por parte de la guerrilla del ELN después de que en 2019 se diera punto y final a la mesa de negociación con el gobierno de Iván Duque. La razón fue el atentado terrorista en la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, perpetrado por ese grupo ilegal. 

Desde entonces, los miembros del ELN se han radicalizado aún más, tienen mayores nexos con el narcotráfico y utilizan a Venezuela como retaguardia estratégica, con la complicidad del régimen de Nicolás Maduro. 

Además, con el paso de los años se ha venido evidenciando que las Farc no se desmovilizaron en su totalidad, ya que una fracción de por lo menos 1.500 hombres, con alias ‘Gentil Duarte’ como máximo cabecilla, no se apartó del proceso antes de su firma. 

También se ha presentado un fenómeno de reincidencia, es decir, miembros de las Farc desmovilizados que volvieron a la ilegalidad. Este grupo está liderado por el exjefe negociador en La Habana, ‘Iván Márquez’ y otros excabecillas que fueron dados de baja en Venezuela. 

De hecho, las Fuerzas Militares consideran que, entre disidentes y reincidentes, habría actualmente cuatro mil hombres en armas. A esto se suma la competencia entre el ELN, grupos con exmiembros de las Farc y otras bandas ilegales como el ‘Clan del Golfo’, ‘Caparros’, entre otros.

Estos protagonistas de la violencia se disputan los territorios y negocios ilegales como el narcotráfico, contrabando, minería ilegal y otros delitos, lo cual ha generado un aumento de homicidios de civiles, líderes sociales y desmovilizados, así como actos terroristas, desplazamiento forzado, masacres, exportación de cocaína e incremento en las hectáreas de cultivos ilícitos. 

¿El Congreso ha cumplido? 

El próximo 20 de julio terminará el período legislativo del Congreso. Tras cuatro años, solo fueron aprobadas cinco de cuarenta normas pendientes que son necesarias para la ejecución del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc. 

Antes de que se terminara el mandato de Juan Manuel Santos, el entonces presidente logró el cumplimiento de 61,8% de las 107 normas que debían ser tramitadas, en su mayoría, a través de decretos presidenciales en algo denominado como ‘fast track’.

En ese sentido, el grupo de congresistas que se posesionó en 2018, que tenía como responsabilidad trabajar sobre un poco menos del 40% de dichas normas, solamente tramitó el 4%. Estas son: 
La Ley Estatutaria de la JEP, la reglamentación del Catastro Multipropósito incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, el ajuste de la Agencia de Renovación del Territorio al Acuerdo de Paz, la Ley de Transporte Escolar Rural y el aumento de la transparencia en torno a los beneficiarios de personas jurídicas y sociedades extranjeras en Colombia.

De igual manera, se hicieron efectivas las 16 curules de paz que fueron elegidas en las elecciones legislativas que se celebraron el pasado 13 de marzo y serán ocupadas por víctimas del conflicto armado. 

La poca dedicación y tramite a las normas que impulsan el Acuerdo de Paz se debe a que la mayoría de escaños en el Senado y la Cámara de Representantes corresponden a los partidos Centro Democrático y Cambio Radical, cuyos ideales han sido la rotunda oposición al mismo. 

Otras causas fueron el mandato del presidente Iván Duque, quien comenzó su administración promulgando reformas que hubieran podido afectar el proceso de paz, las cuales no triunfaron, así como el regreso a las armas de Iván Márquez y Jesús Santrich, lo cual debilitó la credibilidad en los desmovilizados de las Farc. 

De hecho, esto último se vio reflejado en los comicios antes mencionados, cuando el partido Comunes, que nació desde la firma del Acuerdo de Paz y está compuesto por exmiembros de la guerrilla, no logró pasar el umbral electoral. 

Comunes obtuvieron 31.112 votos para el Senado, equivalentes al 0,19 % del total, y 21.181 para la Cámara de Representantes (0,12 %). Estos resultados son inferiores a los del 2018, ya que hace cuatro años tuvieron un promedio de 85.000 sufragios cuando se estrenaron en la política. 

Pese a su escaso apoyo en las urnas, el partido mantendrá cinco escaños en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes, garantizados por la firma de la negociación para los periodos legislativos 2018-2022 y 2022-2026. 

2021 es el año con mayor cantidad en violencia desde el Acuerdo de Paz

El 2021 ha sido el año con mayor cantidad de masacres y desplazamientos forzados masivos desde la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016. Así lo indicó la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

De acuerdo con el informe de esa entidad, durante el año 2021 se registraron 329 muertes violentas ocasionadas en el marco del conflicto armado, de las cuales 24 corresponden a civiles y 89 a miembros de la Fuerzas Pública.

En los 12 meses del año pasado, se registraron 93 masacres, 146 desplazamientos forzados masivos, 228 combates entre agentes de Estado y grupos armados, 134 hostigamientos a uniformados y 89 casos de reclutamiento de menores. 

Actualmente, el ELN tiene presencia en 294 municipios,, las disidencias de las Farc cuentan con 28 frentes o columnas móviles y el Clan del Golfo es denominada como la mayor banda narcotraficante, siendo así los tres grupos armados ilegales con mayor organización en el país.  

El documento de la JEP expone que, durante el 2021, el Clan del Golfo presentó 157 graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, frente a 149 de las disidencias de las Farc y 123 del ELN.

Asimismo, el Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz informa que entre el 2017 y el 2022 han sido asesinados 323 excombatientes de la extinta guerrilla. 

A esto se suman los homicidios de líderes sociales. Según indica la ONU, en 2021 se recibieron 202 alegaciones de crímenes a personas defensoras de derechos humanos, de los cuales se verificó que en 100 casos existían un vínculo entre su muerte y su labor. 

Además, constató la información sobre 1.116 agresiones e intimidaciones a este grupo poblacional siendo los defensores de la tierra, el Acuerdo de Paz y la sustitución de cultivos ilícitos los más afectados. 

Como se ve, cinco años después de la firma del Acuerdo de Paz del gobierno Santos y las Farc, Colombia sigue en inmerso en un debate que no pudo garantizar la implementación del mismo. Esto se debe a que, principalmente, el pacto no acabó la guerra en el país.