Ocho uniformados de la Policía 'se torcieron' para trabajar con el Clan del Golfo

La Policía Nacional en coordinación institucional con la Fiscalía General de la Nación anunció que ocho agentes de la SIJIN fueron capturados luego de colaborar con ‘La Empresa’, uno de los brazos armados del Clan del Golfo que estaría sembrando el terror en La Dorada, en el departamento de Caldas, y áreas circundantes, donde operaban con la complicidad de los detenidos.

Según se conoció, dentro de los 8 capturados hay un capitán, tres patrulleros, dos subintendentes y un teniente, que recibirían pagos por parte de ‘La Empresa’. Esto, a cambio de su colaboración para la realización de homicidios, venta de estupefacientes y otras actividades criminales que no eran reportadas por los uniformados. Así mismo, los policías liberarían a los miembros de la banda que fueran detenidos o desviarían la atención con capturas falsas.

La captura de esta estructura criminal dentro de la Policía Nacional se habría dado durante la mañana del miércoles 18 de septiembre en un operativo simultáneo que se llevó a cabo en Bogotá, Pereira, Armenia, Manizales, y Medellín. En el marco de los lineamientos de transparencia y honestidad dispuestos por la dirección de la Policía.

Dentro de la investigación también se dio a conocer que el capitán capturado, Guillermo Stevens Salgado Rendón, quien sería el cabecilla de esta estructura criminal dentro de la policía, estaba en la nómina de la estructura criminal y tenía comunicación con alias Pitty, jefe criminal de ‘La Empresa’, y a quien por medio de un chat le enviaría las fotografías de los detenidos para confirmar su identidad y en caso de ser hombres de la banda, dejarlos en libertad.

Salgado Rendón fungía además como comandante de la estación de Policía de La Ceja, en Antioquia, mientras que el teniente Santos Steven Pirabán Martínez hacía parte de la Dirección de Tránsito y Transporte, en la capital colombiana.

Ahora, tras esta depuración dentro de la institución policial, los hombres fueron enviados a un juez de control de garantías quien deberá determinar su responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, constreñimiento ilegal, privación ilegal de la libertad y prevaricato, agravados además por su papel como funcionarios públicos.