Ciudadano extranjero que grababa videos intimidando en Bogotá podría ser deportado

Un ciudadano extranjero que grababa videos intimidando a la ciudadanía en Bogotá es investigado por las autoridades judiciales, luego de que el material audiovisual circulara en redes sociales y generara preocupación entre los habitantes de la capital.

De acuerdo con información oficial publicada por la Corte Suprema de Justicia, el caso se analiza para establecer si la conducta del ciudadano extranjero podría configurar delitos contemplados en la legislación colombiana. Los videos intimidando a personas en Bogotá habrían alterado la tranquilidad ciudadana y motivaron la apertura de actuaciones judiciales.

Las autoridades indicaron que el contenido difundido fue revisado por instancias judiciales, que ahora evalúan el alcance de los mensajes y el impacto que tuvieron en la seguridad ciudadana. El ciudadano extranjero fue identificado tras labores de verificación adelantadas por las autoridades competentes.

Investigación y posibles medidas

La Corte Suprema de Justicia explicó que la investigación incluye la revisión del contexto en el que se grabaron los videos intimidando, así como la intención y la posible reiteración de la conducta en Bogotá. Según las autoridades, este tipo de material puede constituir una amenaza cuando genera miedo o zozobra en la población.

Además del análisis penal, el caso también contempla posibles consecuencias en materia migratoria. Las autoridades señalaron que, en situaciones como esta, un ciudadano extranjero puede enfrentar sanciones administrativas, entre ellas la cancelación de permisos y una eventual deportación, si se comprueba una infracción a la ley.

Llamado a la ciudadanía

Desde el ámbito judicial se hizo un llamado a la ciudadanía para evitar replicar videos intimidando o contenidos similares, y a denunciar estos hechos a través de los canales oficiales. Las autoridades reiteraron que en Bogotá la difusión de mensajes que afecten la seguridad ciudadana puede acarrear consecuencias legales.

Finalmente, el proceso continúa en etapa de evaluación, mientras se recopilan más elementos probatorios. Las decisiones que se adopten dependerán del resultado de la investigación y de los análisis jurídicos correspondientes, indicaron voceros judiciales.

Las autoridades reiteraron que este tipo de conductas no serán toleradas y que los procesos continúan conforme a la ley. También señalaron que se revisa el estatus migratorio del implicado, así como el cumplimiento de sus obligaciones en el país, mientras se definen decisiones administrativas y judiciales según la normativa vigente.