Comunidades indígenas responden a ultimátum del gobierno frente a "invasión de predios"

El pasado 30 de agosto el Gobierno Nacional anunció que invasores de tierras en zonas como Valle, Cauca, Huila y Cesar, tendrían que desalojar los predios en un plazo de 48 horas, sustentado que estas son conductas reprochables y que se debe respetar la propiedad privada.

Asimismo señalaron que el Gobierno se ha visto dispuesto a privilegiar el diálogo antes que el uso de la fuerza, pero enfatizando en que no se iban a tolerar este tipo de prácticas de invasión y que de ser necesario actuarían bajo la constitución.

Por su parte, el Consejo Regional indígena del Cauca CRIC, que representa a 139 autoridades indígenas se refirieron a los pronunciamientos realizados por la presidencia respecto a la “ocupación de predios en algunos sectores del país”.

A través de un comunicado, precisaron que los pueblos indígenas del Cauca, “han realizado un ejercicio constante, reivindicativo de los derechos colectivos de la tierra, que por años han manipulado, usurpado y utilizado indiscriminadamente los diferentes actores colonialistas que han considerado las tierras Americanas como unos granes baldíos”, señalan.

Dentro de su texto precisaron que el ocupamiento de estos predios que ellos llamaban “invasión”, era la construcción del cuidado, la defensa de las parcialidades, la consolidación del Cabildo indígena como centro de autoridad, la recuperación de las tierras perdidas a manos de los terratenientes, y la liberación de los terrazgueros, “mediante la negación a pagar terraje, o cualquier otro tributo personal”.

“Los pueblos indígenas de manera permanente, han buscado mecanismos de diálogo con los diferentes gobiernos que a lo largo de la emancipación han pasado por estas tierras; desde la corona Española con las Leyes de Indias y los títulos coloniales hasta la independencia, en la que permanentemente se buscó el reconocimiento legal de los pocos terrenos dejados después de la repartición inconsulta de españoles, criollos y mestizos”, indica su comunicación".

Asimismo, precisaron que en los que diferentes estructuras como el Incora, Icoder, Agencia Nacional de Tierras, creadas por los gobiernos de turno, “han sido destinados a cumplir con los procesos de legalización de tierras que lastimosamente, cada cuatrienio se quedan en promesas y obligaciones legales incumplidas”.

“Por esto, las acciones de reivindicación de la tierra; estas luchas que no han sido gratuitas no pueden ser denominadas por el gobierno nacional como “invasiones”, ya que esto nos llevarían a hacer un recuento histórico para determinar “quien es el invasor en estas tierras” llegando a un no muy buen fin”, sostienen.

Por lo anterior, detallan que el gobierno no puede darse a entender de esta forma, “más aún cuando resultado de la lucha constante por la reivindicación territorial como pueblos originarios, la sangre de nuestros humanos indígenas ha manchado esta tierra”.

Finalmente, hacen un llamado a los diferentes representantes del gobierno para que, como ellos puntualizan, no se deslegitimen las luchas reivindicativas, “haciendo uso del reconocimiento de la diversidad consagrado en la Constitución colombiana, devele qué la mirada occidental no es la única posible, y qué la tradición primordial tiene todo el derecho a continuar ordenando la vida y el territorio”.