Ley 30: Gobierno Petro planea una reforma en la educación superior pública

El presidente Gustavo Petro ha dicho en múltiples ocasiones que espera que la educación superior pública mejore las oportunidades de los jóvenes colombianos, pero además que les arrebate combatientes a los grupos armados ilegales dedicados a actividades como el narcotráfico.

Así lo manifestó en una intervención que hizo en Putumayo. “En lugar de ser obreros del narcotráfico, los que hacen el trabajo sucio, jóvenes matando jóvenes, pueden entrar a las universidades que se tienen que abrir aquí”, aseguró en ese momento.

Uno de los asuntos que más tensión causa cada vez que se habla de educación superior es la financiación en las instituciones de educación superior públicas (IES). Modificar la “fórmula” que se emplea para determinar la cantidad de dinero que año a año les debe destinar el Estado a estas universidades ha sido el punto de discusión durante los últimos años. 

Ahora el Ministerio de Educación elaboró una comisión que revisará detalladamente los elementos que se deben cambiar de la Ley 30, donde está estipulado este modelo. Esta comisión, creada para modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, fue instalada por el Ministerio de Educación a finales de octubre de 2022 y es liderada por la viceministra de Educación Superior, Aurora Vergara, y el director de Fomento, Andrés Felipe Mora. La idea es presentar la nueva reforma en el Congreso entre marzo y abril.

La propuesta es ajustar sus presupuestos a partir de un indicador que calcula el Dane y se llama Índice de Costos de la Educación Superior - ICES. La representante a la Cámara Jennifer Pedraza advirtió que de conseguir más recursos, se calcula que unos $2,5 billones, podrían mejorar su infraestructura, los programas de bienestar universitario y los protocolos para atender violencias basadas en género.

Para la elaboración de este proyecto se plantearon unas audiencias públicas en varias universidades e instituciones técnicas y tecnológicas de las regiones, la idea es que ya no opere con los ajustes sobre la inflación, sino que contemple las variables o los gastos, un segundo punto se enfoca en cómo saldar de forma progresiva la deuda histórica y se busca resolver los problemas de financiación que tienen las IES públicas del país, y para ello se armará una base presupuestal que garantice anualmente aquellos recursos adicionales y suficientes para el funcionamiento adecuado a las misiones de cada universidad.