Fiscalía acusa a exdirectivos de delitos en la Nueva EPS ¿Qué hicieron para tener a la entidad en graves aprietos financieros?

Por estos días la Nueva EPS se encuentra en el ojo del huracán debido a su difícil situación y porque los millones de usuarios que tiene a nivel nacional encuentran serios tropiezos con el suministro de medicamentos, citas y diferentes tratamientos e intervenciones quirúrgicas.

Varios exdirectivos enredados

En medio de un panorama, para muchos, oscuro, por el que atraviesa la Nueva EPS, la Fiscalía General de la Nación acusó a varios miembros de la entidad por presunta participación en un entramado que habría alterado los estados financieros durante de los años 2019 y 2020. 

El ente investigador acusa al expresidente José Fernando Cardona Uribe, al ex vicepresidente administrativo Juan Carlos Isaza Correa, al ex gerente de contabilidad Edgar Pedraza y al ex gerente de cuentas médicas Fabián Antonio Peralta.

Facturas escondidas

La Fiscalía determinó que se lograron identificar 3´419.015 facturas relacionadas con deudas a diferentes Instituciones Prestadoras de Salud IPS, las cuales habrían sido ocultadas y no procesadas, por tal motivo, los señalados habían presentado ante la junta directiva de la EPS una situación irreal con relación a sus cuentas.

De acuerdo con la Fiscalía, se habrían reportado utilidades por 70.563 millones de pesos para cubrir obligaciones pendientes.

Ante el juez 54 penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, la Fiscalía general de la nación formalizó un escrito de acusación contra estos ex directivos, quienes deberán responder por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos de la salud, sin embargo, para José Fernando Cardona Uribe, se adicionó el delito de peculado por apropiación.

Información maquillada

La Fiscalía también aseguró que se entregó información financiera adulterada de la Nueva EPS con el objetivo de obtener la renovación de la licencia de funcionamiento y continuar con la prestación de los servicios de salud, a pesar de sus pérdidas registradas año tras año.

El ente investigador asegura que un entramado de corrupción no permitió actuar con diligencia a los funcionarios de control interno, por tal motivo, la gestión administrativa no fue transparente y afectó a miles de usuarios.

La entidad promotora que tiene mayoría accionaria del estado colombiano atraviesa por un proceso de intervención del estado y este ha sido cuestionado porque el servicio a los usuarios es cada vez más caótico y varias clínicas y entidades han dejado de prestar sus servicios a la Nueva EPS.