Laura Sarabia desmiente que el Gobierno Petro vaya a expropiar ahorros de los colombianos

En el marco de la polémica que ha causado el presidente Gustavo Petro, con su planteamiento de la necesidad combinar inversiones forzosas con una ley de financiamiento para tener una posibilidad de reactivación económica, el Gobierno se ha visto en la necesidad de salir a defender su iniciativa para aclarar las dudas y especulaciones que han surgido al respecto.

Inicialmente, los funcionarios del Gobierno Petro hacen énfasis en que las inversiones forzosas “no tienen el propósito de expropiar el ahorro de los colombianos”, esto en respuesta a las alertas hechas por el expresidente, Iván Duque, quien aseguró que la iniciativa de Petro es el comienzo del “exprópiese el ahorro de los colombianos”. 

Frente a toda la ola de críticas que ha recibido la propuesta de Petro, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, se pronunció criticando las versiones que sugieren una expropiación por parte de Petro, sin embargo, no explicó cómo se implementaría el proyecto de ley.

“Una cosa es estar en desacuerdo con la propuesta de inversiones forzosas y buscar otras alternativas con el objetivo de llevar inversión. Y otra cosa diferente es decir que se van a expropiar los ahorros de la gente o expropiar los bancos. Eso es totalmente falso”, afirmó Sarabia.

Por otro lado, Presidencia ha destacado que el proyecto sí propone inversiones forzosas para reactivar la economía, garantizando seguridad y rentabilidad en sectores productivos, pero sin afectar negativamente los ahorros de los colombianos.

Asobancaria señala que las inversiones forzosas son inconvenientes

El presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Jonathan Malagón González, cuestionó la propuesta de inversiones forzosas asegurando que es necesario buscar otros mecanismos para impulsar el crédito y recuperar la economía.

“La propuesta de inversiones forzosas resulta inconveniente, porque constituye un mecanismo de represión financiera que limita el crédito para otras actividades”, señaló. “Es un subsidio cruzado que reduce los fondos prestables, por lo que la mayoría de los colombianos tendría que pagar una tasa de interés más alta para que los sectores beneficiados cuenten con una más baja”, continuó.