Bogotá: 27 mil millones de pesos fueron decomisados en operativo contra la piratería de libros

Tras seis meses de investigación, uniformados de la Seccional de Investigación Judicial (SIJIN), de la Policía Metropolitana de Bogotá, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, llevaron a cabo un operativo de gran impacto en contra de la piratería en Bogotá. 

Por primera vez, 23 inmuebles que se dedicaban a la comercialización de libros piratas, en el centro de la capital, fueron cerrados por apropiación indebida a derechos de autor. 

Estas diligencias se desarrollaron en 16 bienes inmuebles y siete establecimientos de comercio, ubicados en las localidades de Santa Fe, Candelaria, Ciudad, Bolívar, Rafael Uribe, Puente Aranda y San Cristóbal; lo anterior, “mediante la aplicación de las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo con fines de extinción de dominio”.

De acuerdo a lo expuesto por las autoridades, estos bienes inmuebles habían sido utilizados para la producción, almacenamiento, distribución y venta de libros reproducidos sin autorización de los legítimos titulares de derechos de autor, lo que afectaban de manera directa a los escritores nacionales y a las empresas de la industria editorial colombiana. 

“Asimismo, afectaban a distribuidores, librerías y en general a todos los autores de la industria editorial, ocasionando graves perjuicios económicos a la cadena de valor del libro. Con un déficit que supera los 57 mil millones de pesos”, expuso la Policía Nacional. 

Además, se incautaron en estos lugares una gran cantidad de libros falsificados, impresoras, carátulas, discos duros y equipos de cómputo, entre otros elementos empleados para la producción de réplicas no autorizadas.

De igual forma, la autoridad detalló que para evadir los controles de las autoridades, en las cámaras de comercio, quienes se dedicaban a piratear los libros, suministraban direcciones de diferentes establecimientos comerciales, para que no se pudieran adelantar las extinciones de dominio. 

Es importante señalar que, por primera vez en Colombia, se ocuparon bienes por este delito, lo que permitió afectar las finanzas de estos grupos en un monto que supera los 27 mil millones de pesos. 

Por último, estos inmuebles pasaron a buen recaudo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), quienes serán los encargados de administrar y determinar qué pasará con estos predios, ya que en el momento estarán a cargo del Estado.