Salario mínimo sigue en firme: niegan tutela que pretendía suspender decreto del gobierno

El aumento del salario mínimo decretado por el gobierno nacional encabezado por el presidente Gustavo Petro en los últimos días del 2025 sigue suscitando enorme controversia en el país. 

Preocupación de empresarios

Empresarios y diversos sectores económicos expresan a diario su enorme preocupación porque el aumentar el salario mínimo para 2026 genere más problemas que ventajas y que los afectados no serán exclusivamente los generadores de empleo, sino la mayoría de los hogares colombianos que comienzan a experimentar las alzas en productos y servicios, haciendo que, a pesar del aumento en el salario mínimo, apretarse el cinturón sea la constante para el año que llega ya a su primera quincena. 

Una tutela presentada por el ex magistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, quien representa al ciudadano Alexander Donado en contra de la presidencia de la República y los ministerios de Hacienda y de trabajo, fue negada por el juzgado tercero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá. 

Negada suspensión

La tutela presentada por Alejandro Linares pretendía suspender el decreto con el que el gobierno nacional fijó el salario mínimo legal mensual vigente y el auxilio de transporte para el año 2026, cuyo monto fue determinado en 2 millones de pesos. 

La tutela presentada por Alejandro Linares expresaba que el gobierno nacional excedió sus competencias al decretar un incremento mayor al 23% sin tener en cuenta los criterios establecidos por la ley y vulnerando así el derecho fundamental al debido proceso. 

La acción de tutela presentada considera que las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores informales y el empleo formal, se verán afectados enormemente con la fijación del salario mínimo, el cual alcanzó un aumento histórico, que, según el gobierno, pretende garantizar un mínimo vital y devolverle la dignidad a los trabajadores colombianos quienes suman en número más de 11 millones devengando esta remuneración.

La tutela presentada, ni sus anexos, demuestran afectaciones a los derechos fundamentales del accionante que justificaran su suspensión y el juez concluyó la no acreditación de un perjuicio irremediable, ni una urgencia para adoptar una medida de suspensión.

Teniendo en cuenta esta situación, se mantiene vigente el pago de un salario mínimo aumentado en un 23,7%, el que celebraron los trabajadores finalizando el año, pero que iniciando uno nuevo, ven que frente a las alzas en servicios y productos tengan que estirarlo para poder hacerlo rendir.