Defensoría del Pueblo: Más de 770 familias en riesgo por bandas criminales

Unas 778 familias están en riesgo de sufrir "violaciones masivas" de derechos humanos en Buenaventura, un puerto colombiano sobre el Pacífico que disputan grupos armados tras el desarme de la guerrilla de las Farc, alertó este martes la Defensoría del Pueblo.

En esa región del suroeste del país, ruta del narcotráfico hacia Centroamérica y Estados Unidos, persisten las amenazas, homicidios selectivos, reclutamiento y desplazamiento forzados, delitos sexuales y extorsiones por parte de varias bandas, advirtió en un comunicado la entidad encargada de velar por los derechos humanos en Colombia.

"De continuar la presión de los grupos armados ilegales que hacen presencia en los sectores rurales y urbanos de Buenaventura, la población civil está expuesta a violaciones masivas a los derechos humanos e infracciones al DIH", Derecho Internacional Humanitario, indicó la Defensoría.

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Allí, por ejemplo, operan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), la Gente del Orden y el ELN, la última guerrilla activa reconocida por el gobierno, que negocia la paz en medio de una tregua temporal.

Las Farc actuaron por décadas como una autoridad de facto que regulaba la vida social y actividades como el narcotráfico en amplias zonas de Colombia, el mayor productor mundial de cocaína. Al disolverse como organización armada, varios grupos, incluidos disidentes, entraron a copar algunos de esos territorios, al tiempo que el Estado intenta asentarse después de décadas de ausencia.

La mayoría de familias amenazadas en Buenaventura - compuestas en promedio por cuatro personas - viven en el casco urbano donde habitan unos 373.000 pobladores. La Defensoría envió su informe a autoridades civiles, policiales y militares.

En agosto, la organización humanitaria Medicos Sin Fronteras ya había alertado sobre un "incremento de la presencia de influencia de organizaciones criminales y otros grupos armados" en Buenaventura, el principal puerto sobre el Pacífico.

AFP